La Comisión Permanente pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la cancillería remitir un informe de las gestiones oficiales para investigar la introducción de armas de Estados Unidos hacia México.

El órgano legislativo señaló que el pasado viernes 15 de julio la prensa en México y Estados Unidos dio a conocer que “Los Zetas utilizan las fronteras de El Paso-Ciudad Juárez y Columbus-Puerto Palomas para abastecerse de armas tipo militar”.

Precisó que de ser cierto lo señalado les daría capacidad para desestabilizar las elecciones de 2012, ya que muchas de las armas han sido almacenadas en casas de seguridad.

En la sesión de este miércoles, los legisladores afirmaron que se trata de hechos graves que ponen en peligro la seguridad del país, de acuerdo con las declaraciones recogidas en los medios de comunicación.

Este trasiego criminal de armas desde Estados Unidos hacia organizaciones criminales que operan en México representa un grave peligro para la seguridad del país y de la población nacional, subrayaron.

Demandas en Washington, Texas y Nuevo México

A su vez, en Washington, la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) demandó este miércoles ante la justicia la anulación de un mecanismo impuesto por el gobierno estadunidense para controlar la venta masiva de armas largas y frenar así su flujo hacia los cárteles de la droga en México.

La NRA, el poderoso lobby de las armas, presentó tres demandas, en Washington, Texas y Nuevo México, alegando que la agencia de control sobre el alcohol, el tabaco y las armas, la ATF por sus siglas en inglés, carece de autoridad para exigir reportes a los comerciantes de armas sobre sus ventas, según señaló en un comunicado entregado a la prensa.

La ATF comenzó a exigir a partir del 11 de julio pasado que las armerías de los estados fronterizos con México, Arizona, California, Nuevo México y Texas avisen a las autoridades cuando vendan a una misma persona múltiples rifles semiautomáticos de calibre mayor a .22 durante un periodo de cinco días.

De esta manera, la ATF busca poner trabas a la venta de armas largas que luego son traficadas hacia México y terminan en manos del crimen organizado, cuya violencia ha dejado más de 50 mil muertes desde finales de 2006.

El 80 por ciento de las armas incautadas a los cárteles provienen de Estados Unidos, según México.

El gobierno de Barack Obama quiere hacer creer que puede detener unas empresas criminales trasnacionales imponiendo papeleo a vendedores de armas honestos, afirmó el director ejecutivo del instituto de acción legislativa de la NRA, Chris Cox.

“No afectará a los cárteles de la droga y no prevendrá la violencia en la frontera. Sólo desviará escasos recursos de los cuerpos de seguridad”, dijo Cox.

El gobierno de Obama, quien ha sido presionado por el de Felipe Calderón para detener el tráfico de armas que alimentan a los cárteles del narcotráfico, afirmó que luchará por mantener la medida.

Nos opondremos vigorosamente a las demandas de la NRA, indicó en una rueda de prensa el fiscal general, Eric Holder.

La acción que hemos adoptado es consistente con la ley y las medidas que estamos proponiendo son las apropiadas para detener el flujo de armas de Estados Unidos a México, aseguró Holder.

La NRA acusó al gobierno de instaurar la medida para desviar la atención de la operación de la ATF llamada Rápido y furioso, que permitió entre 2009 y 2010 el ingreso a México de casi 2 mil armas con la idea de que sirvieran de señuelo para atrapar a grandes traficantes de armamento.

La ATF perdió de vista varias armas y muchas han sido encontradas en escenas de crímenes tanto en México como en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia está investigando esa operación y, si se detectan errores, habrá personas que serán responsabilizadas, afirmó Holder.