Buenos Aires, 2 de agosto. Miles de manifestantes marcharon hoy aquí y en la provincia de Jujuy en protesta por la represión que dejó cuatro muertos la semana pasada durante un desalojo ordenado por un juez a pedido de la empresa Ledesma en cuyos terrenos estaban asentadas familias sin techo.

El gobernador de la provincia, Walter Barrionuevo, logró que la legislatura aprobara el proyecto de expropiación de 40 hectáreas destinadas a viviendas, entre ellas las 15 donde estaban las familias que fueron desalojadas con extrema violencia.

Las investigaciones han determinado la participación de personal civil de la empresa del Ingenio Ledesma, que fue cómplice de la pasada dictadura militar (1976-1983) en el secuestro y desaparición de trabajadores y del ex intendente, Luis Aredes, un médico que luchaba por mejorar las condiciones de vida en ese lugar.

El gobierno había avanzado en las negociaciones con organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa (CCC) para expropiar las tierras ocupadas precariamente por unas 500 personas –ahora suman 800–, cuando imprevistamente el juez Jorge Samman, ordenó el desalojo a la policía que actuó de inmediato, pero también lo hicieron grupos de civil de seguridad de la empresa, que al parecer hicieron los disparos. Samman dio la orden y se fue de vacaciones y está siendo investigado en estos momentos.

En una andanada de episodios que marcan un esquema de guerra sucia en diversos lugares del país, los sucesos de Jujuy toman otra dimensión.

Algunos sectores políticos intentaron aprovechar el momento para pedir la renuncia del gobernador, mientras ya fueron remplazados el jefe de policía, el encargado del desalojo y un ministro del gabinete jujeño.