En México hay 3.3 millones de trabajadores que prestan sus servicios en campos agrícolas sin contar con prestaciones sociales y perciben un ingreso entre mil 329 pesos y 684 pesos mensuales. Además, 2.5 millones de productores no tienen acceso al programa de Vivienda Rural que opera la Secretaría de Desarrollo Social, pues de 513 municipios considerados de alta y muy alta marginación, 41 por ciento no recibieron subsidios en este rubro.

Al dar a conocer las conclusiones del Consejo Nacional de Dirigentes sobre el futuro del agro nacional y su población, el presidente de la organización Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (Ufic), Isidro Pedraza Chávez, señaló que los productores del sector social requieren una estrategia de industrialización y procesamiento de sus productos agropecuarios, pesqueros y forestales con la finalidad de garantizar el abasto de granos básicos y oleaginosas, cuyo consumo creció 20 por ciento del año 2000 a 2010.

Dijo que el gobierno federal debe considerar como parte de esta estrategia el cierre de las fronteras a las importaciones de granos básicos, pues si hace compras en el extranjero cuando en el país se inicia la cosecha, lo único que origina es el desplome del precio interno en detrimento de los agricultores nacionales.

Actualmente México importa 14.9 millones de toneladas de maíz, sorgo, trigo y frijol para cubrir el déficit de producción nacional de estos granos básicos.

En conferencia de prensa, el dirigente de la organización, que cumplió su quinto aniversario, y hoy tiene representación en 25 entidades del país, apremió a firmar un programa de protección agropecuaria que incluya la activación, planeación y financiamiento del sector agrícola, así como una actualización legislativa para garantizar, por ley, los acuerdos alcanzados.

Requerimos un programa emergente para el campo mexicano que cubra el tema de planeación, financiamiento, capacitación para la producción, industrialización y comercialización, explicó.

Aseguró que los criterios gubernamentales de reducir montos para beneficiar a mayor número de productores sólo originan que los proyectos no se operen con la eficiencia requerida para combatir los altos índices de pobreza, que hoy alcanza a 52 millones de personas, de las cuales 11.7 millones viven en pobreza extrema..

Pedraza señaló la urgencia de aplicar un esquema de subsidios a la producción que evite las actuales distorsiones de la política pública, la cual únicamente benefician a intermediarios y agronegocios, no a los campesinos e indígenas.

De los casi 300 mil millones de pesos aprobados en el Programa Especial Concurrente 2011, 30 mil millones de pesos son asignados a programas del sector social y el resto a trasnacionales y nacionales como Cargill, Dupont, Monsanto, Gruma, Maseca, Bimbo y Minsa, entre otras.

Finalmente, dijo que la discusión de una eventual reforma laboral debe contemplar derechos para este sector conformado por 3.3 millones de trabajadores agrícolas, y estar en condiciones de homologarlos con las prestaciones sociales logradas por los trabajadores agrícolas de Estados Unidos y Canadá, que forman el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte.