La falta de aprobación de las leyes secundarias que complementen la reforma electoral de 2007 y 2008 ha sometido a mayores presiones a las autoridades electorales –Instituto Federal Electoral (IFE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)–, que si bien han sido subsanadas mediante resoluciones, lo deseable es que se hubieran expedido esas leyes para regular el artículo 134 constitucional, relativo a las restricciones a la difusión de actividad de funcionarios o del artículo sexto constitucional, sostuvo el magistrado del TEPJF, Flavio Galván Rivera.

En entrevista con La Jornada, Galván Rivera augura que las elecciones de 2012 serán complejas, pero distarán de ser un parteaguas o un choque de trenes. Asume que las autoridades electorales han construido los criterios legales que permitan sustituir los vacíos legales que no han sido completados por el legislador, en aras de integrar un engranaje legal, a partir, en el caso del TEPJF, de la interpretación de la Constitución.

Cuestionado sobre el incumplimiento de la Cámara de Diputados en la designación de consejeros del IFE y su impacto, Galván Rivera sostuvo que ese órgano fija su propia agenda, pero es preciso que sus decisiones se adopten en los plazos indicados legalmente.

–¿Los diputados han violado la ley al no designar los sustitutos?

–No me atrevería a decir que están violando la ley, pero lo deseable es que su cumplimiento sea dentro de los plazos fijados por la legislación.

A pregunta expresa sobre el riesgo de que el crimen organizado pudiera involucrarse en las contiendas, Galván Rivera subrayó que impedirlo compete a los actores involucrados. A su modo de ver, la legislación contiene elementos suficientes para atajar el posible ingreso de dinero ilícito: la fiscalización de los partidos políticos, la obligatoriedad de las empresas a declarar ingresos, la vigilancia de la Secretaría de Hacienda, el papel de las autoridades electorales y la responsabilidad de los partidos son elementos que debieran ser suficientes para inhibir este riesgo, siempre y cuando cada actor asuma su propia responsabilidad.

Para el ex presidente del TEPJF, México ha avanzado sustancialmente en su democracia electoral, si bien se requiere profundizar sus reformas; sin embargo, la preocupación central que debe tener el país es la ausencia de avances en la denominada democracia social y en abatir la profunda inequidad económica. Preocupan las grandes desigualdades económicas y sociales, llaman la atención las cifras tan elevadas de la pobreza que existe en México. Hace falta que haya una democracia social y económica, pues es clara la consolidación en lo político.

En especial, advierte el magistrado, las difíciles condiciones de los jóvenes, a quienes se les cancela en gran medida las alternativas académicas, pues anualmente se rechazan entre 100 mil y 200 mil jóvenes de todo el sistema de educación superior, a lo cual se añade la falta de oportunidades laborales.