Villahermosa, Tab., 28 de julio. Las autoridades municipales de Querétaro e Irapuato obligan a las y los trabajadores sexuales a realizarse la prueba de detección del VIH/sida y en la localidad guanajuatense, las mujeres también deben realizarse una prueba de embarazo. De confirmarse, se les niega continuar con su actividad. Así lo denunciaron organizaciones civiles que señalaron las violaciones a los derechos humanos que padecen en los operativos para la localización de víctimas de explotación sexual comercial y trata de personas.

En los trabajos del 12 Congreso Nacional de Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual, María Tomasa Mendoza, de Mujer Libertad, relató lo que ocurrió en operativos efectuados por la Policía Federal a finales de 2010.

Aunque buscaban a menores de edad, se metieron al hotel y al encargado y a todas nos obligaron a tirarnos al piso y así nos tuvieron durante dos horas (...) Nunca supimos si encontraron a niñas o si detuvieron a los explotadores. Y es que, dijo, en esas acciones los policías no distinguen entre mayores de edad o si están en el trabajo sexual por voluntad propia.

En la sesión plenaria VIH, Violencia de género y personas en situación de trata, participó Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), quien reconoció que un trabajo pendiente es erradicar los prejuicios y homofobia en los elementos policiacos. Capacitar a los agentes federales representa un trabajo titánico y su actuación se escapa de las manos; sin embargo, puntualizó, los operativos se efectúan cuando se presenta una denuncia de que hay menores de edad en actividades sexuales comerciales.

Alejandra Gil, de la Asociación en PRO Apoyo a Servidores, reclamó a la funcionaria que “nunca se tomó en cuenta a las y los trabajadores sexuales sobre la mejor forma de realizar las acciones para detener la trata de personas, porque nadie está de acuerdo con ese delito ni con la existencia de explotadores; también se debe reconocer que algunas mujeres están de acuerdo y han decidido mantener a su pareja. Ésa es una realidad a tener en cuenta.

Respecto de las medidas de la autoridad para controlar a las trabajadoras sexuales, Aurora del Río, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, resaltó que las cartillas o tarjetas sanitarias se desecharon como medida sanitaria hace más de dos décadas.

No sirven para prevenir nada y fomentan la explotación económica de las y los trabajadores sexuales. El problema es que los bandos de buen gobierno facultan al gobierno municipal a aplicar estas medidas, lamentó.