La Paz, 28 de julio. El gobierno de Bolivia comprará a campesinos el excedente de coca cultivada en unas 4 mil hectáreas para evitar su uso por redes del narcotráfico, informó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, principal responsable político de la erradicación de coca.

La compra, indicó, se realizará con recursos del Tesoro General de la Nación, con la finalidad de que la coca no se desvíe al narcotráfico, y la medida se concretará cuando se oficialice, en septiembre próximo, el plan antidrogas.

Bolivia tiene actualmente, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, 30 mil 900 hectáreas de cocales, mientras una ley que data de 1988 dice que los cultivos no deben sobrepasar las 12 mil hectáreas para fines lícitos como masticación, infusión y rituales religiosos andinos, prácticas ancestrales en el país.

El gobierno boliviano realiza un estudio, con financiamiento de la Unión Europea, para saber a cuánto asciende realmente la demanda legal del plantío, para luego fijar un techo de cultivos necesarios, pues se considera que la ley actual contiene información desactualizada.

Cáceres señaló que ese estudio, que será dado a conocer el próximo mes, determinaría que Bolivia necesita solamente 16 mil hectáreas de cultivos de coca.

Se espera legalizar 20 mil hectáreas

Explicó que de las 30 mil 900 hectáreas actuales se tendría que bajar a 20 mil, no a 16 mil, pues hay un acuerdo con los labriegos del Chapare, que les permite cosechar una determinada cantidad de esa planta.

De esas 20 mil hectáreas que serían legalizadas, 16 mil serán para los usos permitidos y el saldo de 4 mil –la cuota que cultivan en el Chapare– será comprado por el gobierno para su industrialización en medicinas o abono agrícola.

El presidente Evo Morales, de su lado, calificó de injustas las penalizaciones internacionales que ha recibido el masticado de hoja de coca, una planta que en su estado natural, dijo, aporta importantes beneficios a la salud, comprobados científicamente.

Asimismo, dijo, representa un elemento indispensable del acervo cultural de los pueblos indígenas de Bolivia, por lo que el gobierno, con el apoyo de movimientos sociales del mundo, indígenas, campesinos y obreros, seguirá su lucha contra las sanciones.