Washington, 26 de julio. El jefe en funciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) de estados Unidos, Carlos Canino, reconoció hoy que el cártel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán, así como la célula comandada por Teodoro García Simental, El Teo, y La Familia Michoacana, se beneficiaron del tráfico de armas alentado por el operativo Rápido y furioso, al cual calificó de perfecta tormenta de idiotez.

Al comparecer ante el Comité de Supervisión del Congreso estadunidense, Canino dijo que se estima que más de 2 mil armas fueron traficadas como parte de esa operación, muchas de las cuales ingresaron a México. Explicó que ese volumen es suficiente para armar a un regimiento de rangers.

“Eso quiere decir que, como resultado de esta investigación, el cártel de Sinaloa pudo haber recibido tantas armas como las que se necesitan para un regimiento”, dijo Canino, sin precisar números. “Armamos al cártel. Es repugnante”, afirmó.

Brian Terry (un agente de la Patrulla Fronteriza asesinado con una de las armas traficadas en diciembre pasado) no es el último. Probablemente haya cientos de Brian Terry más, declaró.

En su comparecencia, Canino avivó la controversia sobre Rápido y furioso. Indicó que la oficina de la ATF en México sabía de la operación, pero “no teníamos conocimiento de la política de dejar ‘caminar’ armas en la investigación”.

Autoridades de Estados Unidos elaboraron la operación encubierta en 2009, con el propósito de rastrear armas compradas en Phoenix a nombre de los cárteles mexicanos, pero muchas nunca aparecieron tras salir de las manos del comprador inicial.

La operación se convirtió en una vergüenza para el gobierno del presidente Barack Obama y el Departamento de Justicia, en una misión que buscaba frenar el flujo ilegal de drogas y armas que van desde y hacia México.

William Newell, agente especial encargado de la oficina de la ATF en Phoenix, donde se puso en marcha la operación en 2009, defendió la acción al indicar que era un esfuerzo para desmantelar la red de abastecedores de armas a grupos criminales en México, e insistió en que el propósito nunca fue permitir el transporte de armas a México.

Ante el cuestionamiento del presidente del comité, el republicano Darrel Issa, quien citó un memorando interno, Newell explicó que la decisión de no detener a los compradores, que eran vigilados como parte del operativo, derivó de una solicitud de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), que realizaba una investigación paralela.

Cuando Issa presionó sobre la fecha exacta en que la ATF tuvo conocimiento de que muchas de las armas estaban yendo a México, Newell se defendió: Nosotros no vendíamos las armas, sostuvo el agente.

Issa respondió: Pero estuvieron cerca, al aludir las facilidades que la ATF procuró para que un solo individuo adquiera 370 armas, incluidos rifles de asalto.

Newell aseguró que desde 2009 informó al agregado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Phoenix y a los agentes de la ATF en México, y negó que conociera que se estaban traficando grandes cantidades de armas hacia territorio mexicano.

Desde el inicio de la investigación, a finales de 2009, hasta las primeras acusaciones (contra los traficantes ante la Corte) en enero de 2011, yo hice todo esfuerzo razonable para mantener informados sobre la investigación al representante de la PGR en Phoenix y a mis colegas de la ATF en México, dijo Newell.

Según reporte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, al menos 122 armas de fuego adquiridas por presuntos traficantes fueron encontradas en escenas del crimen de México o decomisadas a cárteles en 48 casos distintos.

El documento, de 60 páginas, detalla que autoridades mexicanas encontraron rifles de asalto AK-47 y calibre 50, entre otros, en noviembre de 2009. De las 2 mil armas vendidas a los supuestos traficantes, más de la mitad siguen desaparecidas.

Lorren Leadmon, especialista en inteligencia de la ATF, dijo que más de 800 armas han sido recuperadas por autoridades de Estados Unidos y México, pero tomará años determinar el alcance de la carnicería derivada del operativo.

Issa, quien con otros legisladores republicanos ha aumentado la presión contra Obama y el fiscal general, Eric Holder, porque afirman que la operación debió ser autorizada por altos funcionarios, denunció esfuerzos del gobierno por obstruir esta investigación.

Los estadunidenses tienen derecho a conocer de una vez por todas quién la autorizó, señaló Issa en la audiencia.

Obama afirmó en marzo pasado que ni él ni Holder autorizaron la operación, dirigida desde la oficina de ATF de Phoenix. El gobierno inició una investigación y prometió consecuencias si detectaba irregularidades. Sin embargo, no hubo comentarios al respecto del Departamento de Estado.

El demócrata de mayor rango en la comisión, Elijah Cummings, pidió examinar oportunidades de reforma de las laxas leyes estadunidenses, que permiten la venta de armas que luego son traficadas a México y nutren a los cárteles de la droga.