El Partido de la Revolución Democrática (PRD) buscará cerrar filas para exhibir a funcionarios y jueces involucrados en las detenciones de diversos candidatos y representantes del perredismo en distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de revertir el desprestigio que estos hechos le han ocasionado.

El presidente nacional del instituto, Jesús Zambrano, planteó que para esto prefirieron retrasar la petición de juicio político contra el ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont y contra el ex procurador general de la República Arturo Chávez Chávez, por la detención de quien fue candidato a gobernador de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, durante el proceso electoral en ese estado, porque estamos esperando contar con la copia de la sentencia absolutoria para poder fundamentar todavía más nuestro alegato.

En breve entrevista, admitió que el michoacanazo –como se caracterizó a la detención de funcionarios del gobierno de aquel estado en mayo de 2009–, la detención de Sánchez y el caso de Julio César Godoy Toscano provocaron desprestigio al PRD.

Por eso vamos por un juicio político, porque aunque es contra funcionarios que hicieron uso anticonstitucional de sus obligaciones, involucra a las instituciones que representaron, afirmó.

“Por cierto, en nuestra demanda no sólo entran funcionarios del Ejecutivo federal, me refiero a la PGR, sino los jueces que se prestaron. Se trata –insistió Zambrano– de evidenciar todo, con nombres y apellidos”.

A su vez, el precandidato del partido al gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles, confió en la unidad de la militancia perredista para revertir los golpes que les han asestado y que para algunos tenían la intención de exhibir la falta de gobernabilidad en la entidad, al grado de que hubo quienes se atrevieron a decir que se suspendieran las elecciones del 13 de noviembre próximo.

Pero eso se cayó, cuando en el proceso interno de nuestro partido, el pasado 26 de julio, votó tanta gente (alrededor de 300 mil), indicó.

Advirtió: El trabajo de organización se debe utilizar como dique contra las intenciones de fuerzas, incluso externas del Estado, para debilitar o desprestigiar.