n el curso de la semana pasada los principales partidos registrados se centraron en el tema de las elecciones presidenciales previstas para el año entrante, tomaron posición con respecto a las candidaturas respectivas, las alianzas con otras instituciones partidarias y demás asuntos electorales.

En este punto, al menos, el país aparenta una normalidad rutinaria y el revuelo prelectoral presente parece acorde con los llamados tiempos políticos.

En administraciones anteriores, al penúltimo año del sexenio ha correspondido el acomodo de las fuerzas políticas de cara a las campañas electorales para la elección y la sucesión presidencial.

En el momento presente, sin embargo, la rutina política contrasta con los saldos de desastre que arroja el acontecer nacional en casi todos sus ámbitos: economía que no logra encontrar el camino claro a la reactivación, repunte del desempleo y la pobreza, dislocación de los sistemas de educación y salud, corrupción persistente en las oficinas públicas y colapso de la seguridad pública, descomposición institucional y hasta ausencia del Estado en extensas regiones del territorio nacional. Pero ninguno de esos asuntos, cruciales para la supervivencia nacional, aparece de lleno en las consideraciones y cálculos de políticos y funcionarios para el proceso electoral de 2012.

El naufragio de la seguridad pública resulta especialmente preocupante en la lógica de los procesos democráticos, no sólo porque lleva al tema de la posible infiltración de la delincuencia organizada en partidos, candidaturas y organismos electorales, sino también porque la violencia y la impunidad, así como el control territorial que diversos grupos delictivos ostentan en varios puntos del país, pueden interferir en la organización de comicios mínimamente confiables en tales regiones, y hasta imposibilitarla.

Y eso, sin mencionar las tentaciones autoritarias alimentadas y fortalecidas por el fracaso de la estrategia gubernamental en materia de combate a la delincuencia.

En tal circunstancia, los posicionamientos electorales dentro de los partidos, entre éstos y en la clase política en general, adquieren un acento de irrealidad y hasta de irresponsabilidad que termina por incrementar el desaliento y el escepticismo de la sociedad hacia los asuntos de la vida republicana.

La normalidad democrática requiere de normalidad a secas para operar, y es claro que en el momento actual el país, además de padecer el agravamiento de la desigualdad, la miseria y el incumplimiento de los derechos básicos de la población, se encuentra severamente alterado por la injerencia externa, el accionar de los grupos delictivos y la incapacidad gubernamental para hacerles frente en forma eficiente, lúcida y apegada a derecho.

Lejos de fortalecerse, la cultura democrática se debilita en la medida en que los posicionamientos políticos y electorales en curso no aborden las circunstancias críticas por las que atraviesa el país en lo económico, en lo social, en lo institucional y en la seguridad de la población, y si no se poner en el debate posibles alternativas al modelo que ha llevado al país a la concentración oligárquica del poder y la riqueza y, a la postre, a una de las situaciones más inciertas y preocupantes de su historia.