El joven abogado Mario Ignacio Mata Martínez se decide por primera vez a hacer un recuento de las múltiples violaciones al derecho que, asegura, se han cometido en contra de Víctor Daniel Reyes Bravo, el testigo del asesinato de su primo Juan Carlos Reyes Pacheco, que dio pie al documental Presunto culpable, y adelanta que la única manera en la que se puede redimir a Víctor es acudiendo a instancias internacionales, es decir, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, porque las fallas de nuestro gobierno en su conjunto y la desprotección en que han dejado tanto a la familia del occiso como a Víctor no le interesan ni al gobierno local ni al federal.

Egresado de la UNAM y con 28 años de edad, afirma que fue tergiversada la figura de la reposición del procedimiento penal a conveniencia de los pretensores de hacer el filme, pues el artículo 23 constitucional establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, sea absuelto o condenado. Invocar tal reposición de procedimiento porque el abogado defensor de José Antonio Zuñiga, luego convertido en estrella de Presunto culpable, tenía una cédula profesional falsa, fue una maniobra efectista, pues ese mismo abogado tenía cédula de pasante en 1992, además de que la legislación vigente señala que en asuntos penales el inculpado puede defenderse por sí mismo, por persona de su confianza o por abogado.

Sin embargo, la razón principal esgrimida para reponer el procedimiento fue que según ellos, no se habían ofrecido las pruebas necesarias para acreditar la inocencia del procesado, y la nueva prueba por presentar era que al procesado no se le encontró residuo de pólvora por haber disparado un arma, a pesar de que se le condenó solamente como coautor material de los hechos, por encontrarse acreditada la participación que tuvo con su pandilla en el ataque al occiso y a Víctor, quien nunca acusó al procesado de ser culpable de haber disparado el arma, sino por haber participado en los hechos que llevaron a la muerte al hoy occiso. El abogado Mata Martínez lo explica: “al protagonista de la película Presunto culpable se le condenó por ser coautor material de la muerte de quien en vida llevaba el nombre de Juan Carlos Reyes, y no de homicidio con arma de fuego, como se asevera en el filme y que gracias a la forma en que se presentó hicieron ver al testigo inseguro y contradictorio, pues de 350 horas de grabación que dijo en algún momento el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tener registro, sólo se utilizaron las partes que convenían al propósito de los cineastas”.

Hubo además muchos acontecimientos que obviamente no pasan en el mal llamado documental, como las agresiones que sufrió Víctor en el interrogatorio con el abogado Heredia, quien lo amenazó antes de formular sus preguntas, y le dijo que se iba arrepentir por meter a un inocente a la cárcel y que le castraba su actuar y que mejor fuera a chingar a su madre, entre otros improperios que le propinó, hasta tratar de golpearlo, y tales hechos sucedieron antes de que le preguntaran a Víctor si podía dar la media filiación del procesado, por lo que él se abstuvo de responder, ya que es obvio que tenía su media filiación, pues ya se había encarado con el procesado dos años atrás, pero Víctor se abstuvo de contestar en virtud de la intimidación sufrida, situación que aún se alcanza a percibir en la edición de la misma película, en el clímax de la misma.

Mario Ignacio Mata Martínez, abogado de Víctor Daniel Reyes, el testigo de asesinato en la cinta Presunto culpableFoto María Meléndez Parada

Mata recapitula: legalmente no se pudo parar la exhibición de la película que infama a Víctor y que revive un dolor que ha sido difícil de superar por parte de la familia de quien en vida respondía al nombre de Juan Carlos Reyes Pacheco, ya que el sexto tribunal colegiado en materia administrativa del Distrito Federal se atrevió a establecer que existe un derecho colectivo a la información que es superior al respeto a la vida privada... y por otro lado obedece a la protección de los intereses económicos de los cineastas, sin importar las violaciones que, en aras de obtener un lucro, generen en detrimento de los derechos de las personas que son exhibidas.

Por escrito y en entrevista, Mata Martínez enumera: Radio, Televisión y Cinematografía no revocó la autorización para exhibir el documental; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se abstuvo de conocer el asunto; se promovieron juicios de amparo que no se han resuelto y se ha retardado su trámite, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace dos meses no ha querido entrar al estudio de la causa penal.

Aun así, tres semanas atrás se promovió una queja ante el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal por el hecho de que para decretar la libertad del presunto culpable el magistrado Ávalos haya dicho que valoró el documental mencionado, cuando no es una prueba que se haya ofrecido conforme a derecho ni en la sentencia se realiza desglose de ella (...) argumentando una duda razonada donde no existía tal figura jurídica.

Víctor perdió su trabajo recientemente, porque a su patrón le molestaba que fuese motivo de acoso donde andaba repartiendo su producto, con sus diferentes clientes; lo acosaban ya sea para pedirle fotos y autógrafos, o bien para insultarlo y agredirlo por tratar de meter a un inocente a la cárcel. Además, ha dicho a su abogado que lo que están haciendo con esa película es que ningún testigo quiera ir a un juzgado o al Ministerio Público a decir lo que vio, sabe y le consta.

Pero, añade el abogado defensor, continuaremos con la batalla legal, que parece perdida desde ahora, y esperamos que el Estado mexicano observe también los derechos de los ciudadanos comunes, quienes no tienen más riquezas que su integridad como persona, y eso es importante pero difícil de valorar en este país, ya que se continúa apoyando únicamente a la clase capitalista y política.