os estados actuales se endeudan como desde mucho antes lo hacían los reyes y los nobles. Siempre necesitan más dinero, que usan para fines muy distintos. Una parte de ese dinero se obtiene de tributos e impuestos. Pero nunca es suficiente. Esa parte se complementa con deuda. La deuda es pública.

Hoy en Europa y Estados Unidos hay una crisis real de endeudamiento de los gobiernos que se está enfrentando con parches. Así, difícilmente arreglaran las cosas más allá del muy corto plazo.

Preguntarse, entonces, por qué se endeudan los Estados no parece ocioso. Las respuestas son, por supuesto variadas y distintas, también, entre unos y otros países.

Con las deudas se paga por las guerras; se paga por los programas de atención social, sea la salud, la educación, las pensiones o los subsidios a los productores y a los consumidores; se paga para promover la construcción de infraestructuras y también se paga la corrupción, que en algunos casos es brutal. Además, se paga por los excesos que recurrentemente cometen empresarios, financieros y especuladores cuando los gobiernos intervienen por muy diversas razones, controvertidas por supuesto, para controlar los daños.

En los últimos tres años, se ha intervenido con fondos públicos en la crisis financiera desatada por la especulación inmobiliaria y la explosión en los bancos de los títulos llamados derivados. Se ha provocado un sensible incremento de la deuda pública tanto en Europa como en Estados Unidos.

Este es sólo el más reciente episodio, pero es de una magnitud muy grande y ocurre en un entorno de debilidad económica general y de flacos liderazgos políticos, lo que se expresa en una creciente insatisfacción social.

Los niveles de endeudamiento se elevaron significativamente con la crisis generada por la más reciente caso de especulación que estalló en septiembre de 2008.

En el conjunto de la Unión Europea la deuda pasó de 59 por ciento del PIB en 2007 hasta 80 por ciento en 2010. Las cifras para Alemania con 65 y 83 respectivamente; en Irlanda 25 y 96; en España 36 y 60; en Francia 64 y 82; en Portugal 68 y 93. Pero en Grecia la deuda como proporción del PIB pasó de 105 por ciento a 143, y en Italia de 104 a 119 por ciento.

Lo primero que se aprecia es que los comportamientos no son iguales y que los inversionistas (lo que llama de modo abstracto como los mercados) no distinguen unos de otros casos; tampoco las empresas calificadoras de riesgos. Esto agrava las condiciones de la crisis y los costos para los ciudadanos una vez que se imponen los ajustes para pagar las deudas.

En el caso estadunidense la deuda pública pasó en el mismo lapso del orden de 50 por ciento del PIB hasta más de 90. Buena parte de ese incremento se gestó en el gobierno de Bush con el aumento del gasto militar (Afganistán e Irak), la reducción de impuestos, y la intervención en la crisis financiera (el programa inicial TARP fue del orden de 700 billones de dólares). Al mismo tiempo y por causas demográficas crecía el gasto en pensiones y en servicios de salud y seguridad social.

Los estímulos adicionales instrumentados por el gobierno de Obama no han conseguido que la economía recupere de modo firme su crecimiento, al tiempo que ha tenido que seguir incrementando el gasto público y, así, el nivel del endeudamiento. Este llega ahora a 14 billones de dólares (trillones según se denominan allá) y de los cuales alrededor de 4.5 billones están en manos de inversionistas extranjeros; 1.5 billones son del gobierno chino.

El plan que aceptaron los gobiernos de la zona euro liderados por Alemania y Francia salva apenas al euro y tiende un puente para que no estalle el impago de la deuda de Grecia. No se sabe que tan largo es el puente ni cual es su resistencia. Puede ser un parche.

En Estados Unidos no hay acuerdo político entre el presidente y el Congreso para elevar el nivel legal del endeudamiento público, lo que puede llevar a una paralización de los pagos de la deuda, las pensiones y otros gastos. En las circunstancias actuales de fragilidad económica y financiera, ante una fuerte incertidumbre y un enfrentamiento real entre los inversionistas y los gobiernos la situación es de mucho riesgo.

¿Riesgo para quién? La verdad, para todos, tanto aquellos que son acreedores y el resto de la gente que es, en efecto, deudor. Ambos están atrapados. De alguna manera la condición de fragilidad que hoy existe y que sucede en el centro del sistema capitalista mundial puede verse como la más delicada desde la crisis de la década de 1930 y que se extendió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.

En todo caso, en medio de las estrategias limitadas que siguen los gobiernos europeos y de Estados Unidos hay un aspecto que tiende a dejarse de lado y es la necesidad imperiosa de crecimiento del producto y del empleo, o sea, del gasto en inversión y en consumo.

Nada de lo que hoy se está aplicando conduce a un mayor nivel de producción, que se sostenga por un largo periodo y vaya reduciendo sobre una base sólida y sostenible la deuda y el déficit públicos en esos países.

No se crean los incentivos para que eso suceda y, en cambio, se privilegia el entorno de la deuda y su reproducción en condiciones de creciente fragilidad. El costo sobre la mayoría de la gente, en sociedades en las que se ha acrecentado la desigualdad, será inevitablemente muy grande.