La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a 700 de sus funcionarios y cesó a 462 más por irregularidades administrativas y penales, las cuales incluyen casos de fraude, robo, abuso de autoridad, cohecho, peculado, práctica ilícita de cateos e indebida integración o determinación de averiguaciones previas.

Entre quienes aún son investigados se encuentran tres ex titulares de unidades especializadas e igual número de delegados y subdelegados, informó el visitador general de esa institución, César Alejandro Chávez Flores.

La PGR difundió información en la cual se menciona que entre diciembre de 2006 y marzo de 2011 fueron separados o removidos de la institución por el consejo de profesionalización 321 agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Federal Ministerial (antes agentes federales de investigación) o peritos.

Indicó que “entre el 7 de abril y el 20 de julio –administración de la procuradora Marisela Morales– son 462 servidores públicos los que han dejado de laborar en la institución por diversas causas y sanciones, entre ellas, no haber acreditado los exámenes de confianza”.

En relación con los procedimientos penales, del primero de abril de 2011 a la fecha fueron consignados ante un juez 111 servidores públicos de la PGR por actos ilícitos en el desempeño de sus labores, en tanto que en el mismo periodo de 2010, es decir, durante la gestión de Arturo Chávez Chávez, se ejercitó acción penal en contra de 33 funcionarios.

Para la PGR lo anterior significa que a partir de la llegada de la actual procuradora se ha incrementado el ejercicio de acciones penales contra servidores públicos de la institución en 236 por ciento.

Durante una conferencia de prensa, el visitador de la PGR refirió que en los cien días anteriores, sólo el órgano a su cargo ha cesado a 173 empleados, de los cuales 117 eran elementos de la Policía Federal Ministerial, 52 agentes del Ministerio Público y cuatro peritos. Otros 462 han sido despedidos por otras áreas.

En la mira, por presentarse con intoxicación etílica

Adicionalmente, en la visitaduría general se encuentran en trámite otros 232 procedimientos de separación por causas que van desde irregularidades en detenciones hasta asentar hechos falsos en informes o actuaciones, pasando por empleados que se han presentado con intoxicación etílica.

Chávez Flores dio conocer también que la visitaduría general inició 137 averiguaciones previas en contra de 179 servidores públicos de la institución, y ejercitó acción penal en contra de 111 de ellos por la comisión de delitos como fraude, uso de documento falso, robo, actos contra la administración de justicia, ejercicio indebido de servidor público, abuso de autoridad, falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a la autoridad, cohecho, peculado y falsificación de documentos en general.

De esos 111 consignados, los jueces federales sólo concedieron 77 órdenes de aprehensión, y 26 están sujetos a proceso penal.

El resto de órdenes está en proceso de cumplimentación, o bien los servidores públicos obtuvieron suspensiones en virtud de amparos promovidos, señaló la institución.

La PGR cuenta con 20 mil 606 servidores públicos, distribuidos de la siguiente manera: 3 mil 741 elementos de la Policía Federal Ministerial, 2 mil 922 agentes del Ministerio Público, mil 406 peritos, 4 mil 808 funcionarios considerados de enlace y 2 mil 642 con rango de mando –que van desde jefes de departamento hasta la procuradora general de la República–, así como 2 mil 213 empleados sindicalizados, 271 eventuales y mil 150 de confianza.