La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) auditará los recursos asignados el año pasado a 13 secretarías del gobierno central, 16 delegaciones y a 33 distintas dependencias, fondos, fideicomisos y organismos públicos de esta capital, con el fin de determinar si incurrieron en alguna irregularidad.

Con base en la propuesta entregada a la Comisión de Vigilancia –que preside el diputado Leonel Luna– por la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH), órgano fiscalizador de la ALDF, se enlistan las 109 auditorías que se realizarían al ejercicio fiscal 2010. La cifra significa un incremento respecto de las 82 aplicadas a la cuenta pública de 2009.

El documento se entregó el pasado viernes en la reunión que tuvieron los integrantes de la Comisión de Vigilancia –además de Luna, José Luis Muñoz Soria, Octavio West, Juan Pablo Pérez, Karen Quiroga y Horacio Martínez– con el titular de la CMH, David Vega.

Un cambio significativo en el planteamiento de la Contaduría es que también se incrementan las auditorías de desempeño, de las que hasta ahora sólo se ha realizado una, a la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora serían nueve en total, algunas de las cuales se aplicarían a secretarías como Gobierno y Trabajo; al DIF-DF, al Instituto de la Juventud y a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que se refiere a las auditorías financieras, las entidades que serían sometidas al mayor número de fiscalizaciones son: la secretaría de Finanzas, con 30 en total, y la de Desarrollo Urbano y Vivienda, con 17. En cuanto a las delegaciones políticas, se propone a la ALDF que a Gustavo A. Madero e Iztapalapa se realicen cinco auditorías; cuatro a Álvaro Obregón y tres a Azcapotzalco, Xochimilco, Benito Juárez, Tlalpan, Venustiano Carranza y Coyoacán.

En cuanto a órganos autónomos, se revisarán las cuentas de la misma ALDF, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto Electoral local, la Comisión de Derechos Humanos y el InfoDF. De los órganos descentralizados, el Instituto de Verificación Administrativa.

Los rubros que más se revisarían son, entre otros, los ingresos por derechos por los servicios de expedición de licencias de construcción, el registro de manifestaciones de construcción y los recursos económicos ejercidos en el capítulo de gasto 4000 en 2010.