La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) anunció que dará respaldo jurídico a quienes denuncien con pruebas que se vendieron ejemplares del examen nacional –aplicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP)– el domingo para obtener una planta docente.

Representantes de la comisión nacional de educación del organismo rechazaron rotundamente el mal uso del examen durante su aplicación en el que Coparmex fue observador junto con 126 organizaciones, como Suma por la Educación, Alianza por la Educación y Unión Nacional de Padres de Familia, pero admitieron que hay prácticas de corrupción en materia educativa, como la venta de plazas.

Sabemos que existe. (Por eso) queremos que la sociedad civil sea un tercer actor. El sindicato y el gobierno son dos actores que siempre han sido relevantes en el tema educativo (...) Exhortamos a quienes tengan pruebas a que las presenten. Desde la sociedad civil somos los más interesados en que, en caso de que existan, se erradiquen estas prácticas, sostuvo el vicepresidente de la comisión, Francisco López Díaz, quien insistió en que la Coparmex y otras organizaciones civiles observadoras en el proceso de evaluación darán protección en términos legales a quienes denuncien irregularidades.

El dirigente comentó que lo que pudo haber ocurrido es que los exámenes vendidos (a uno de los cuales tuvo acceso La Jornada) se hayan elaborado a partir de las guías de estudio que los docentes pudieron consultar previo al examen, además de que en años anteriores los procesos de destrucción de las pruebas presentaron deficiencias.

Según cifras oficiales, entre 2010 y 2011 sobraron más de 200 mil ejemplares del examen impresos en los talleres gráficos de la nación y no se utilizaron.

En 2010 se imprimieron 250 mil exámenes, pero sólo 137 mil 291 profesores presentaron la prueba, por lo que 112 mil 709 pruebas debieron destruirse. Este año fueron impresos otros 250 mil exámenes, de los cuales sólo 145 mil 983 se aplicaron, por lo que sobraron 104 mil 17.

Los observadores lograron una cobertura de 94.5 por ciento de las sedes, es decir, tuvieron presencia en 275 de los 291 sitios donde se realizó la evaluación.

Respecto de la explicación que el titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, Francisco Ciscomani, dio a este diario en torno a que buena parte de la información pudo haber sido deducida, López Díaz señaló: nosotros nos remitimos a los hechos. Las expresiones de cada funcionario son respetables y las tendremos que revisar.

Al preguntarle si la designación de Fernando González como subsecretario de educación básica (ocurrida mediante acuerdo político entre Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo a cambio de votos en 2006) es un mal indicio para la educación en el país, el presidente de la comisión de educación de Coparmex, Juan Carlos Salgado, comentó: A final de cuentas lo que nos importa como sociedad son los resultados. Hemos visto un buen trabajo del subsecretario. Si ésa es la forma en que podemos avanzar, bienvenido. Hemos observado también una postura del sindicato más flexible, y si estamos avanzando por ese camino hay que seguir abonando.