as severas afectaciones vehiculares provocadas por el colapso, el pasado martes, de tres trabes en las obras del segundo piso del Periférico Norte han abierto un nuevo escaparate para las irregularidades y las prácticas corporativas abusivas e inmorales con las que opera en nuestro país la empresa española Obrascón Huarte y Lain (OHL), responsable de la construcción de la citada obra vial.
Ayer, legisladores de la oposición en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal pidieron la comparecencia del titular de Obras del gobierno capitalino, Fernando Aboitiz, para que explique en detalle el proceso de licitación mediante el cual se asignó a OHL la construcción del segundo piso del Periférico en su tramo norte. Por su parte, la dirigencia del PRD en esta capital cuestionó, por insuficiente, la multa de 10 millones de pesos que la administración local impuso a la citada compañía.
Los señalamientos críticos, tanto de la oposición como del partido en el poder, resultan procedentes si se toma en cuenta la severa afectación que supuso la negligencia de OHL para miles de capitalinos –quienes permanecieron varados durante más de 13 horas en el Periférico– y, sobre todo, si se atiende al hecho difícilmente explicable de que una obra de este calado haya sido concesionada a una empresa cuyo historial dista mucho de ser ejemplar.
Lo de menos son las recurrentes quejas contra OHL por el incumplimiento en los tiempos de entrega de las obras, por la vulneración sistemática de los horarios de trabajo y por los múltiples daños provocados al medio ambiente. Mucho más graves, en todo caso, resultan los señalamientos sobre las deficiencias de las obras realizadas por la compañía de origen ibérico; las acusaciones sobre presunto tráfico de influencias puesto en marcha por los consejos de administración de sus filiales, y las denuncias por la comisión de actos fraudulentos en su país de origen, entre las que destacan una acusación judicial por presunto fraude por 30 millones de euros, en 2007, y la evidencia documental de que la compañía ha pagado campañas a cambio de contratos de obra pública en diversos lugares de la península.
En México, sin embargo, ni los señalamientos críticos, ni las deficiencias en los trabajos, ni la comisión de acciones en apariencia ilegales, han impedido que OHL pueda acceder a concesiones para construcción de infraestructura por vía de la adjudicación directa; a contratos de 30 años con ganancias previstas de 10 por ciento anual; a regímenes de privilegio fiscal que le permiten evitar el pago de impuestos –el primer trimestre de 2011 pagó sólo 7 por ciento de los impuestos que debía cubrir por concepto de utilidad; el resto lo difirió–; a un modelo de ganancias basado en la inversión bursátil de préstamos obtenidos a partir de títulos de concesión de obra pública, y, en suma, a condiciones de negocio mucho más ventajosas de las que goza esa compañía en su país de origen.
El caso de OHL es representativo, por lo demás, del ambiente de depredación y de rapiña corporativa que ha prevalecido en el país a partir de los años 80, cuando se inició una apertura indiscriminada a empresas extranjeras –mineras, petroleras, generadoras de electricidad, hoteleras y, por supuesto, constructoras– que, en muchos casos, han adquirido notoriedad por su incumplimiento impune de las leyes y normas mexicanas, y por la obtención de cuantiosas ganancias económicas a cambio de mínimas aportaciones a la economía nacional, de depredación financiera y ecológica y de afectaciones a la vida cotidiana de la población. El correlato de este proceso ha sido la incorporación de ex funcionarios gubernamentales como capitanes de empresa e integrantes de los consejos de administración de las compañías y cuya cara visible en el caso de OHL son el ex secretario de Patrimonio y Fomento Industrial José Andrés de Oteyza, y los ex directores de Pemex Jesús Reyes Heroles González Garza y Carlos Ruiz Sacristán.
Con tales precedentes, las advertencias formuladas por el gobierno capitalino y el monto de la multa impuesta a la empresa parecen quedarse cortos: preferible a esos amagos sería que la autoridad capitalina asumiera la responsabilidad que le corresponde en el episodio, ejerciera sanciones administrativas ejemplares contra la empresa y respondiera, con transparencia y oportunidad a los cuestionamientos realizados en torno a los procesos de adjudicación de obras públicas a favor de OHL, los cuales, a lo que puede verse, han servido para seguir dando cobertura a una rapiña empresarial que resulta ya emblemática.
