El incremento de feminicidios, violaciones y desapariciones de trabajadoras sexuales en el contexto de la guerra contra el crimen organizado y la Cruzada Nacional contra la Trata de Personas fue el tema central del 14 Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual (RMTS) celebrado en la ciudad de México. Jaime Montejo, vocero de la Red, expuso que hace unos años el promedio de asesinatos de trabajadoras sexuales por entidad era de seis al año, lo que representaba entre 190 y 250 en toda la República Mexicana, reconocidos abiertamente como tales.

Sin embargo, en los dos primeros años de la administración actual, dijo, la cifra se disparó a más de 20 homicidios por estado, de acuerdo con el registro de la Red a partir de información publicada en medios de comunicación.

Luego de ese periodo, explicó, dejó de haber un registro en los medios, a pesar de que dichos crímenes no han disminuido, pero ya no hay datos fiables porque en los semefos no las registran como prostitutas asesinadas sino mujeres desconocidas.

Además, señaló, “han convertido los operativos antitrata en una forma de criminalizar a las trabajadoras sexuales”.

En un documento emanado de la reunión, las asistentes denunciaron que casi nadie habla de las cuotas de extorsión que el crimen organizado está cobrando a las trabajadoras sexuales en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Morelos, Hidalgo, Sinaloa, estado de México, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes y todo el norte de la República.

Montejo refirió que “hay un intento del narco de cooptarlas, así como hay un intento de cooptar a los franeleros, a los taxistas, a los jóvenes de las esquinas, a los que atienden negocios” para que sirvan como informantes, a lo que se han negado, señaló el también activista de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, AC.

El encuentro, al que asistieron trabajadoras sexuales procedentes de Veracruz, Tlaxcala, Jalisco, Puebla, Morelos y estado de México, entre otras entidades, versó sobre cuatro ejes fundamentales: el primero, que se discute desde 1997, es la defensa de sus derechos laborales para lo cual toman como base la recomendación que en 2003 hizo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México en el sentido de que el gobierno debe reconocer dichos beneficios para ese sector.

Otros temas fueron las definiciones de trata y explotación sexual y a quiénes se puede llamar víctimas de ese delito.