El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, aseveró que la acusación que ahora se imputa a Gregorio Sánchez, por supuesto tráfico de personas, es una patraña jurídica, una burda actitud de parte de la Procuraduría General de la República, y viola garantías individuales y constitucionales del inculpado.

En entrevista aseveró que la liberación del ex edil de Benito Juárez, Quintana Roo, demuestra que los delitos que originalmente le fueron imputados –delincuencia organizada, lavado de dinero y contra la salud– eran absolutamente falsos, y dan cuenta de una violación flagrante a principios democráticos de la Constitución y, desde luego, un atentado directo contra las contiendas democráticas.

A su vez, la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice) criticó la falta de investigación previa suficiente en el caso de Sánchez y en muchos otros, además de que con esto se permita el abuso de la figura del arraigo.

En conferencia de prensa, Arturo Farela, presidente de Confraternice, indicó que si la PGR realizara indagatorias a fondo, el arraigo no sería la regla y tampoco tendría los reveses que se han presentado en diversos casos, en los que a los indiciados se les tiene que poner en libertad porque la autoridad no pudo comprobar su implicación.

Asimismo condenó el trato vejatorio que –dijo– experimentan los indiciados en el centro de arraigos y destacó que Greg Sánchez, el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y el pastor boliviano que secuestró un avión de Aeroméxico en 2009, Josmar Flores, quienes hoy están sujetos a proceso penal, son miembros de la comunidad evangélica.