Londres, 20 de julio. El Tribunal Superior de Londres ordenó hoy a Scotland Yard sacar a la luz las informaciones relacionadas con la piratería telefónica a celebridades británicas, víctimas de las escuchas ilegales por investigadores privados y reporteros.

La decisión obedeció a las denuncias del actor Hugh Grant y de la multimillonaria Jemima Khan sobre la interceptación de sus mensajes por un detective que trabajó para el periódico sensacionalista News of the World, perteneciente al grupo News Corporation, del magnate estadunidense de origen australiano Rupert Murdoch.

Conforme a las revelaciones de medios británicos, el recién desaparecido tabloide practicó durante años (desde 2000) escuchas ilegales de teléfonos de figuras famosas, políticos, periodistas, miembros de la realeza, pero también de víctimas de secuestro y asesinato, familiares de soldados muertos en Afganistán. En total fueron más de 4 mil los teléfonos intervenidos.

Se denunció también que familiares de víctimas de los atentados de 2005 en Londres, y de soldados muertos en Irak y Afganistán, fueron afectados con el llamado hacking telefónico, que llegó a su punto álgido apenas hace unos meses.

La Policía Metropolitana de Londres, implicada también en el escándalo y con la renuncia de dos de sus directivos, dijo que acatará la disposición del tribunal.

Clive Goodman es uno de los reporteros detenidos por intervenir ilegalmente teléfonos de personalidades. En total son diez los arrestados hasta la fecha, aunque dos están libres bajo fianza.

Según una comisión especial del Parlamento, la News Internacional –del grupo empresarial News Corporation– obstruyó deliberadamente la investigación policial iniciada en 2006, tras las primeras denuncias aparecidas un año antes.

También deploró el fracaso de Scotland Yard, cuya plana mayor es acusada de silenciar por años informaciones recibidas sobre el caso y de mantener un velo sobre las indagaciones, al parecer bajo presión del emporio de Murdoch y del gobierno.

La Comisión del Interior de la Cámara de los Comunes (de diputados) instó además al ejecutivo a disponer de más recursos para apoyar la nueva investigación sobre la piratería telefónica, reabierta en enero de 2011, bajo el nombre de Operación Weeting.

El informe parlamentario se basó en las seis interpelaciones realizadas este martes a funcionarios de Scotland Yard y a ex agentes implicados directamente con el escándalo, entre ellos, el ex comisario adjunto John Yates, a cargo de las pesquisas en 2006 y al ahora ex número uno de la Policía Metrpolitana, Paul Stephenson.

Los diputados criticaron a la Policía Metropolitana de Londres por demorar sus contactos con las víctimas de las escuchas telefónicas a fin de reparar los daños.

Algunos de los interpelados corroboraron los pagos por soborno a policías e investigadores privados entre los periodistas del tabloide y ejecutivos de News Internacional. La reciente revelación de que un detective privado también pirateó el celular de Milly Dowler, una estudiante de 13 años asesinada en 2002, detonó el actual escándalo y una ola de rechazo que Murdoch dijo compartir.

Un comité parlamentario británico acusó este miércoles a la policía de haber acumulado un catálogo de fracasos en la investigación sobre el escándalo de las escuchas telefónicas practicadas por un periódico del grupo News Corp, que trató deliberadamente de entorpecer las investigaciones, según los legisladores.

Ha habido un catálogo de fracasos de la policía e intentos deliberados de News International para dificultar las diferentes investigaciones, según un informe de los parlamentarios del Comité de Asuntos Internos.

En otro frente para el acosado Murdoch, el gobierno en minoría de la primera ministra australiana, Julia Gillard, aseguró que el magnate deberá rendir cuentas en su tierra natal.

La primera ministra se negó hacer comentarios sobre la audiencia de Murdoch el pasado martes ante una comisión del Parlamento británico.

No voy a comentar la comparecencia, pero creo que los australianos han volteado hacia News Ltd, (la empresa de Murdcoh en Australia) y esperan que responda algunas cuestiones difíciles, apuntó Gillard.

El director de News Ltd, John Hartigan, aseguró que en Australia no ocurrieron situaciones similares a las de Reino Unido. Aún así, ordenó revisar los pagos de los últimos tres años. Además, se mostró dispuesto a colaborar con el gobierno si decide abrir una investigación.