La complicada situación financiera que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alcanzará su nivel máximo en el año 2035, cuando se haya retirado la casi totalidad de los trabajadores del organismo que tienen derecho a los beneficios del régimen de jubilaciones y pensiones (RJP), vigente hasta agosto de 2004.

En este lapso saldrán 12 mil personas en promedio cada año hasta totalizar las 300 mil 580 que ingresaron a laborar al Seguro Social entre las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, y que, progresivamente, completarán los años de antigüedad necesarios para tener derecho a la jubilación (27 para las mujeres y 28 para los hombres).

Por lo pronto, el instituto requiere paliativos que subsanen el déficit económico que le generan sus obligaciones de patrón y que, según especialistas, se habría evitado si en la reforma a la Ley del Seguro Social, vigente a partir de julio de 1997, no se hubiera modificado el esquema de cuotas obrero-patronales, que redujo de manera sustancial la aportación empresarial.

Ahora, el Informe sobre la situación financiera del IMSS 2010-2011 propone cinco reformas estructurales que prevén aumentar las aportaciones del gobierno federal en tres rubros: seguros de gastos médicos de pensionados y de estudiantes, así como que el erario aporte la mitad del costo de seis enfermedades de alto impacto financiero (diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal, cánceres cérvico uterino y de mama y VIH/sida) (La Jornada 3/7/11).

La cuarta medida plantea un rebalanceo de la prima del seguro de invalidez y vida con la finalidad de que los recursos que reportan superávit se transfieran a gastos médicos de pensionados, cuya situación financiera es crítica.

Plantea una nueva modificación legal a fin de facultar al consejo técnico para determinar el monto de las cuotas que se deben cobrar a los afiliados al Seguro de Salud para la Familia (Ssfam), el cual, según el informe, ha operado con déficit desde su creación en 1997.

Sobre el pasivo laboral del IMSS en su carácter de patrón, el reporte entregado en junio al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo se limita a plantear la situación de la parte que involucra a los 300 mil 580 trabajadores mencionados.

Los recursos para cumplir con el RJP provienen de tres fuentes: 9 por ciento es aportado por los trabajadores beneficiarios; 22 por ciento lo pone el IMSS-Asegurador y 69 por ciento es financiado por el IMSS-patrón. El dinero de este último se toma de las aportaciones tripartitas que recibe el Seguro Social (de gobierno federal, patrones y trabajadores del sector privado) para garantizar la prestación de los servicios médicos y sociales a los afiliados.

Una fuente más es la Subcuenta 1 del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual (fondo laboral), del cual las autoridades empezaron a tomar recursos en 2009 para completar el pago de la nómina del RJP.

De acuerdo con información del IMSS, el saldo del fondo laboral, al 31 de diciembre de 2010, era de 33 mil 706 millones de pesos, y estima que se agotará en 2012. De ahí la necesidad de nuevas reformas.

El informe detalla que los 300 mil 580 trabajadores que se jubilarán con las condiciones del RJP en diciembre pasado tenían una edad promedio de 43 años las mujeres y 44 los hombres, con antigüedad de 16.37 años.

Además, existen 205 mil 177 ex empleados que ya gozan de los beneficios del RJP, los cuales tienen 60 años como edad promedio. Según el reporte oficial, el pasivo laboral asciende a 1.8 billones de pesos de 2010.

El pago del RJP significó el año pasado erogar 702 mil 139 millones de pesos, y calcula que en 2023 el monto alcanzará su nivel máximo, al ubicarse en mil 570 millones de pesos. En cuanto al número de trabajadores, la mayoría completará los requisitos para su retiro en 2035.