Dallas, 1º de julio. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió ayer a la Suprema Corte de Justicia que ordene suspender la ejecución del mexicano Humberto Leal, fijada para el 7 de julio en Texas, a fin de no incurrir en la violación irremediable del derecho internacional.

Donald Verrilli, representante legal de la administración Obama frente a la instancia judicial, interpuso la petición bajo el recurso de “amigo de la Corte (amicus Curiae)”, con lo que se suma a organismos multilaterales y a una decena de países, incluido México.

El gobierno de Estados Unidos informó que la Corte debiera posponer hasta por seis meses la ejecución de Leal, convicto por violar y matar a una joven de 16 años, para dar al Congreso tiempo de analizar una legislación que afectaría directamente el caso.

La iniciativa pendiente en el Senado permitiría reparar violaciones cometidas por autoridades estadunidenses a decenas de reos mexicanos sentenciados a la pena de muerte, sin respeto a su derecho a solicitar la ayuda de su país, como obliga la Convención de Viena sobre asistencia consular.

En su moción,Verrilli hizo referencia al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que ordena a Estados Unidos revisar las sentencias de pena de muerte impuestas a más de 50 reos mexicanos que no fueron informados de su derecho a recibir apoyo consular, entre los que se encuentra Leal García.

La solicitud del representante legal de la Casa Blanca ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se presentó el mismo día en que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron por separado a las autoridades de Texas, suspender la ejecución.

Pillay escribió al gobernador texano Rick Perry, para pedirle que conmute la pena de muerte por cadena perpetua, informó el portavoz de la comisionada, Rupert Colville en una conferencia de prensa realizada en Ginebra.

La falta de asistencia consular eleva la preocupaciones acerca de Leal tuvo o no el derecho a un juicio justo, agregó, al señalar que ese es un problema que se presenta continuamente a escala estatal y federal con la justicia de Estados Unidos.

La CIDH explicó, por su lado, que las autoridades de Texas no cumplieron con los estándares mínimos del debido proceso y de juicio justo, al no informar al mexicano de la posibilidad que tenía de recibir ayuda de su consulado.

En un comunicado advirtió que si la ejecución se concreta, el Estados Unidos cometería una violación irreparable del derecho fundamental a la vida, protegido por el artículo 1º de la Declaración Americana.