La Habana, 1º de julio. En un cambio de política de décadas, Cuba reforzará el valor de la propiedad individual con la autorización parcial de la compraventa de autos y la virtual legalización del mercado negro inmobiliario, de acuerdo con un paquete legal que entrará en vigor en el segundo semestre del año.

Se mantendrá la norma de que una persona sólo puede ser propietaria de una vivienda, pero habrá una fuerte desregulación en la materia, reconociendo que el derecho del ciudadano lo establece la ley y su gestión debe asumirla ante un notario, aboliendo engorrosos procedimientos y decisiones administrativas, informó hoy el diario oficial Granma.

El matutino ofreció algunos detalles de lo que será la nueva política, según la perfiló el Consejo de Ministros hace una semana.

Bajos las nuevas reglas, se permitirá que los particulares comercien sus autos entre sí. En consecuencia, desaparecerá la actual prohibición de negociar los vehículos fabricados después de 1959, una camisa de fuerza legal que propició el cuidado extremo de los viejos modelos estadunidenses de mediados del siglo pasado, que aún ruedan por las calles cubanas.

También se autorizará la compraventa de viviendas, derribando así el impedimento que sólo dejaba a los cubanos la opción de intercambiar su casa por otra. La nueva norma seguirá reconociendo la permuta, pero también abrirá las compuertas para que salga a flote el mercado inmobiliario subterráneo que subsiste asociado con esas operaciones.

La actual normatividad sobre vivienda incluye a una ley nacional, cinco decretos-leyes, dos decretos y 180 disposiciones menores, relató Granma. El diario reconoció que el enjambre de regulaciones propiciaba ilegalidades y corrupción.

Las nuevas normas serán limitadas y todavía convivirán con algunas prohibiciones, pero fortalecerán la propiedad individual de bienes, que ahora podrán convertirse en un valor patrimonial efectivo, en contraste con las reglas que durante casi cinco décadas redujeron a los autos y las viviendas a posesiones en usufructo.

También es previsible que al ampliarse el mercado se desaten las acciones de mantenimiento y mejoramiento de vivienda, que han permanecido inhibidas por la actual rigidez jurídica.

La futura reforma legal impactará en forma indirecta a las regulaciones migratorias, al aminorar el rigor de una salida definitiva del país. Bajo los mecanismos actuales, las personas que se van de Cuba con ese estatus pierden la propiedad de su vivienda e incluso de los bienes que quedan dentro, como muebles y enseres.

Generaciones enteras de cubanos han presenciado la traumática diligencia en la que una persona entrega su casa y todas sus pertenencias, ante una autoridad que toma nota detalladamente de lo incautado, que casi de inmediato tendrá nuevos propietarios.

En la nueva legislación, quienes se vayan con salida definitiva podrán vender previamente su auto o dejárselo a algún familiar cercano; para esos casos migratorios, también se podrá entregar la vivienda a familiares, incluso ex cónyuges.

El titular podrá donar su vivienda a cualquier persona, a diferencia de las reglas actuales que imponen limitaciones.

También será posible permutar viviendas que notoriamente sean de distinto valor y será lícito pagar esa diferencia en metálico. Esta nueva regulación elimina el criterio actual de que las dos casas que se intercambian deben ser equivalentes y queda prohibido cualquier operación mercantil en ese intercambio, todo lo cual se consuma bajo la vigilancia de un funcionario público.

En la práctica, hace décadas que abundan las operaciones mercantiles disfrazadas debajo de muchas permutas, cuyo costo incluye sobornos a las autoridades.