El gobierno de México compareció ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informarle sobre el estado en que se encuentra la implementación de las medidas de protección ordenadas en favor de víctimas de abusos de militares.

Son dos casos: el primero, de la indígena guerrerense Inés Fernández Ortega, que fue violada por soldados, y el segundo, el de la joven Rocío Irene Alvarado Reyes y varios familiares, quienes fueron detenidos sin orden de arresto por la milicia en diciembre de 2009, en Buenaventura, Chihuahua, y hasta la fecha se desconoce su paradero.

En la audiencia, las víctimas y sus representantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano presentaron a la Corte sus consideraciones sobre el cumplimiento que se ha dado a las medidas de protección ordenadas en favor de los beneficiarios en ambos asuntos, y ésta se pronunciará próximamente sobre lo argumentado por las partes.

En un comunicado, la cancillería informó que las autoridades mexicanas refrendaron su disposición a continuar implementando las acciones que sean necesarias para proteger la integridad de los beneficiarios en los casos analizados. De manera particular, enfatizaron la instauración próxima del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos.

De igual manera reiteraron su firme compromiso de garantizar los derechos y libertades de las personas sujetas a su jurisdicción, de conformidad con sus obligaciones internacionales.

La delegación mexicana estuvo encabezada por el subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez, y el subprocurador de asuntos internacionales, Jorge Alberto Lara Rivera.