San Cristóbal de las Casas, Chis., 28 de junio. Las amenazas de expulsión y de muerte contra las bases de apoyo del EZLN en la comunidad San Marcos Avilés, municipio de Chilón, denunciadas la noche del lunes, alcanzan proporciones alarmantes por segunda ocasión en menos de un año. El 9 de septiembre de 2010, las familias zapatistas fueron desplazadas durante más de un mes por ejidatarios afiliados a los partidos políticos PRI, PRD y PVEM. Los mismos son responsables de las nuevas agresiones.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) señala la responsabilidad del Estado por omisión en estas agresiones, ya que las autoridades no han actuado para garantizar la integridad y seguridad de las bases zapatistas y el acceso a la tierra. Ello, a pesar de las denuncias de la junta de buen gobierno (JBG) de Oventik y las varias intervenciones enviadas por el propio Frayba al gobierno de Chiapas.

El organismo, que preside el obispo Raúl Vera, demanda el cese de las amenazas de muerte, el hostigamiento y el despojo contra las bases de apoyo del EZLN por integrantes de los partidos políticos del ejido, así como proteger y garantizar su vida y seguridad, respetando su proceso autonómico, que vienen construyendo hace años, en el marco del derecho a la libre determinación de los pueblos, sancionado por la OIT, la ONU y firmado por el Estado mexicano.

Las 170 personas desplazadas de San Marcos Avilés en septiembre pasado, regresaron el 12 de octubre. En aquella ocasión, la JBG de Oventik responsabilizó al gobierno estatal de cualquier nueva agresión contra sus compañeros, quienes eran y son perseguidos por practicar la autonomía de manera pacífica. Cabe recordar que las primeras agresiones se desencadenaron en agosto pasado, cuando los zapatistas construyeron una escuela, dentro del sistema educativo rebelde autónomo zapatista.

El 9 de septiembre, 30 personas del ejido, integrantes de los mencionados partidos, encabezadas por Lorenzo Ruiz Gómez y Vicente Ruiz López, habían irrumpido violentamente, con palos, machetes y armas de fuego, en las casas de los zapatistas, donde intentaron violar a dos mujeres, que lograron escapar. Para no responder a la agresión, las bases zapatistas se refugiaron en el monte. Después de 33 días de desplazamiento forzado, sin alimentos y desprotegidos, retornaron a sus casas.

El Frayba documentó entonces que las viviendas de los desplazados habían sido saqueadas de todas sus pertenencias, incluyendo cosechas de maíz y frijol. Sus cultivos, cafetales y árboles frutales fueron destruidos, y robados sus animales de corral.

Desde entonces, el centro ha informado en varias ocasiones a las autoridades sobre la situación en San Marcos Avilés, a fin de solicitar el cumplimiento en su obligación de garantizar la integridad y seguridad de los habitantes, y buscar una solución al conflicto. Pese a esto, no hubo respuesta del gobierno.

Aún cuando la población desplazada decidió retornar, el Frayba ha seguido documentando amenazas persistentes y cotidianas en la comunidad, y sostiene que hay un riesgo de desplazamiento forzado. El 6 de abril de este año se instaló en el ejido un campamento civil por la paz, cuyos observadores civiles también fueron amenazados, algo sin precedente, que habla del escalamiento de las agresiones contra las bases zapatistas.

No parecen hechos aislados. Similares situaciones de hostigamiento por parte de grupos partidistas se están suscitando en los municipios autónomos zapatistas Lucio Cabañas y Comandanta Ramona, y en ejidos de adherentes de la Otra Campaña como Jotolá y San Sebastián Bachajón, todo esto en el municipio oficial de Chilón.