La Comisión Permanente del Congreso de la Unión remitió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la demanda de que informe a ese órgano legislativo las acciones que el gobierno mexicano lleva a cabo en torno a las deportaciones masivas de mexicanos indocumentados en Estados Unidos.

Le solicita que, en el marco de sus facultades, defienda los derechos humanos de los mexicanos, independientemente de su situación legal y migratoria en el país vecino.

Se trata de una propuesta de los diputados del PRI, aprobada sin discusión en la pasada sesión de la Permanente, en la que se resalta que las condiciones de los mexicanos en Estados Unidos es cada vez más grave y todo indica que se incrementarán las deportaciones debido a las políticas que se vienen aplicando en Arizona y otros estados, sin que la cancillería asuma las responsabilidades que le corresponden para proteger a los connacionales.

En el escrito, la diputada Marcela Guerra (PRI) hace notar que organismos defensores de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), advierten que encarcelar a los indocumentados se ha convertido en un negocio lucrativo.

Ello debido a que procesan a los migrantes con cargos penales y no por violaciones administrativas, y las cárceles privadas le cobran al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas entre 50 y 95 dólares por cada persona recluida. En 2010, lo anterior representó ganancias por 74 millones de dólares.

Este negocio ha alentado el recrudecimiento de la persecución de migrantes en los estados fronterizos, sobre todo Arizona, Texas y California, donde se les apresa y conduce a prisiones privadas. Actualmente hay unas 32 mil camas o lugares en ocho centros de detención.

La legisladora agrega que existen empresas que promueven convenios con el Servicio de Inmigración, como la Correction Corporation of America (CCA), que administra 65 cárceles y centros de detención y ha obtenido, sólo por éstos últimos, ganancias por 74 millones de dólares en 2010.

En el documento que se entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores se hace notar que en el periodo 2009-2010 hubo récord de deportaciones en Estados Unidos, ya que se expulsó a 329 mil 863 personas, de las cuales 71 por ciento eran mexicanos, muchos con antecedentes penales. En esos centros de reclusión, los migrantes sufren violaciones a sus derechos humanos sin un debido proceso que les permita regresar a México.