El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, pidió una mayor unidad de la comunidad internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Es responsabilidad de todos los actores gubernamentales y políticos el cumplimiento de hacer frente a la delincuencia en todas sus formas y modalidades, dijo al participar en la reunión plenaria conjunta del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI, por sus siglas en francés) y del Grupo de Acción Financiera Sudamericana (Gafisud).

De acuerdo con la última información de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al primer trimestre del año en México se recibieron un millón 274 mil operaciones relevantes por parte de instituciones del sistema financiero nacional, lo que representa un aumento de casi 10 por ciento respecto del promedio trimestral de 2010.

En la reunión conjunta GAFI/ Gafisud, Cordero Arroyo manifestó que es el momento de cerrar filas y de entender que el enemigo son los criminales. Es un momento de llegar a una política de Estado en el que participen los tres órdenes de gobierno, los poderes públicos y la sociedad, porque la lucha contra estos flagelos no es responsabilidad única de los países: es necesario el esfuerzo conjunto de la comunidad internacional porque sólo así se podrá enfrentar eficientemente a la delincuencia, al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo.

Hizo referencia al caso de México, cuyo gobierno, afirmó, cuenta con una Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo, con la cual se ha impedido a las organizaciones criminales disponer de ganancias económicas. Precisó que conforme a las recomendaciones de GAFI, la estrategia mexicana se compone de cuatro ejes rectores: de información y organización; marco normativo; supervisión basada en riesgos y procedimientos eficaces, así como transparencia y rendición de cuentas.

Cordero Arroyo también hizo referencia a algunas de las medidas comprendidas en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, sobre el encargo al Ejecutivo para emitir una estrategia contra el lavado de dinero; una iniciativa de ley para regular operaciones en efectivo; instruir a las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública y la de Hacienda para que en conjunto se investiguen averiguaciones previas sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Además, comentó, se encuentran en discusión en el Congreso de la Unión diversas leyes y disposiciones como la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos legales en materia penal y financiera, y la Ley Federal de Extinción de Dominio, diseñada para atacar la capacidad operativa y económica de las organizaciones criminales y evitar que los recursos ilícitos se mezclen con dinero legal, la recuperación de activos en forma más eficaz, hacer posible el pago de daños sufridos por víctimas y establecer reglas y procedimientos para mejorar la cooperación internacional.

Crecientes reportes

Información de la Secretaría de Hacienda al cierre del primer trimestre (la más reciente disponible) indica que las operaciones relevantes en el sistema financiero mexicano sumaron un millón 274 mil en sólo tres meses. Estos reportes comprenden, en general y según la definición de la propia dependencia, a todas aquellas operaciones con las instituciones financieras y demás sujetos obligados en términos de dichas disposiciones, realizadas con billetes y monedas de curso legal en México o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares estadunidenses, independientemente de que puedan estar vinculados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y del terrorismo y su financiamiento.

Como parte del registro y controles aplicados en instituciones del sistema financiero nacional, la Secretaría de Hacienda también recibió en el mismo periodo 10 mil 509 reportes de operaciones inusuales y 22 de operaciones preocupantes.

Estas últimas corresponden a aquellas operaciones, actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados en términos de dichas disposiciones que, por sus características, pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para dichas instituciones y sujetos obligados.