Torreón, Coah. 17 de junio. Representantes de casas de migrantes de todo el país, de organizaciones defensoras de los derechos humanos, locales y extranjeras, además de académicos, acordaron lanzar la campaña Por el derecho a migrar sin violencia, que incluye siete puntos prioritarios para terminar con los abusos contra indocumentados, como parte de las conclusiones del taller internacional en la materia efectuado durante tres días en Saltillo.

En un comunicado, el obispado de Saltillo, que preside Raúl Vera López, y quien encabezó los trabajos del encuentro, señaló que con dicha campaña se intenta responder a esta lacerante realidad que viven los migrantes en el país, con más de 20 mil secuestros al año, masacres como la de San Fernando, Tamaulipas, y hallazgos de fosas clandestinas.

Explicó que en el taller se fijó la postura de que, en la actualidad, al permitir la colusión de autoridades con criminales que vulneran los derechos de los migrantes, el Estado es responsable por desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, violencia de género, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra este sector.

Después de tres días de analizar la situación que enfrentan los migrantes en México y revisar aspectos locales y globales del fenómeno, organizaciones internacionales como Arizona Interfaith Alliance for Worker Justice (Alianza entre Religiones por la Justicia Laboral, Arizona), Fundación Rafto para los Derechos Humanos, de Noruega, y el Programa de Justicia Social y Derechos Humanos, de la Universidad Estatal de Arizona, exigieron al gobierno de Felipe Calderón el cumplimiento de siete puntos.

El primero, para terminar con los abusos, consiste en proporcionar a los transmigrantes la posibilidad de desplazarse por territorio nacional con un estatus migratorio regular.

Lo anterior, argumentaron los defensores de derechos humanos, se puede lograr mediante la inclusión de una visa mediante una reforma a la nueva Ley de Migración, o a través de un acuerdo de supresión de visas entre México y los países de los que son originarios los indocumentados, principalmente centroamericanos.

El segundo punto es garantizar la seguridad a los mexicanos que se ven obligados a migrar y que, lo mismo que los transmigrantes, son víctimas de extorsión y secuestro por parte de grupos delincuenciales que exigen dinero a sus familias a cambio de dejarlos en libertad.

El tercer punto exige garantías para un retorno seguro a casa de los mexicanos repatriados, proporcionándoles información, una identificación, así como los recursos económicos y logísticos necesarios para este fin.

El cuarto punto pretende que se reconozca, garantice y proteja el derecho de defender a migrantes, en particular garantizar la protección de casas de migrantes y los defensores de derechos humanos.

El quinto considera que la obligación de investigar todo delito contra migrantes corresponde al Estado, desde el momento que tenga conocimiento de la probable comisión de actos delictivos.

Otro punto solicita que se garantice la atención y protección integral a migrantes víctimas de delito y a testigos, asignando un presupuesto adecuado para los programas necesarios de atención integral y protección. El último punto establece una colaboración activa con gobiernos de países de la región para implementar soluciones efectivas que pongan fin a los abusos en contra de sus ciudadanos en territorio mexicano.

Reunión con senadores

Por otra parte, el obispo Raúl Vera, junto con representantes de Amnistía Internacional y de la Fundación Rafto para los Derechos Humanos y de representantes de la sociedad, se reunió con senadores del PRD, a quienes entregó las conclusiones del taller Por el derecho a migrar sin violencia.

Participaron el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, Jesús Garibay y Rubén Velázquez.