La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó con cinco inhabilitaciones por 19 años a la empresa Erucoyma SA de CV, y le impuso igual número de multas por más de 6.3 millones de pesos, por incurrir en irregularidades y en el incumplimiento de dos contratos por 11 millones de pesos.

Los contratos se adjudicaron a la empresa para la rehabilitación de los ductos de los sectores Salamanca y Venta de Carpio, de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB).

Las sanciones se aplicaron también a 10 funcionarios públicos adscritos al sector ductos de PGPB, por conductas indebidas en el proceso de adjudicación del contrato y en la supervisión de las obras en las instalaciones de la paraestatal.

Por las irregularidades, la SFP presentó dos denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR). La primera en contra de Luis César Nevárez Vega, especialista técnico B de PGPB, por su intervención en las evaluaciones y en el dictamen técnico mediante el cual nombró como ganadora a Erucoyma.

Según datos proporcionados por la dependencia, Nevárez habría recibido 10 mil pesos de la empresa por la asignación del sector Venta de Carpio.

La segunda denuncia penal se interpuso contra los servidores públicos de la paraestatal Javier Guerrero Martínez, José Manuel Jiménez Trejo, Rogelio Olivera Kapellman, Francisco Cruz Lagunes, Sandro Colchado, Iván Martín Romero González, Eduardo Alejandro Lechuga y Jorge Gómez García, quienes no verificaron la realización de los trabajos, los cuales quedaron incompletos o fueron mal realizados.

También denunció penalmente al representante legal de Erucoyma, Luis Mota. Según la SFP, la firma constituyó empresas en el ramo de la construcción con el uso de prestanombres; contó con información privilegiada y con datos sobre el presupuesto interno de la paraestatal; realizó evaluaciones irregulares, y además de hacer mal los trabajos y fuera de las especificaciones acordadas, subcontrató proveedores no autorizados.

Aunado a ello, no acreditó la experiencia básica, abandonó la obra y proporcionó información falsa sobre el manejo de residuos sólidos peligrosos, generados durante los trabajos.

Fue mediante una denuncia anónima como la SFP tuvo conocimiento de las irregularidades, a finales de 2008, fecha en que comenzó la investigación sobre las presuntas irregularidades de los contratos de los sectores referidos de PGPB.