Al defender la reforma en materia de seguridad nacional, el subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación, Rubén Fernández Aceves, afirmó que ese marco legal no se utilizará para que las fuerzas armadas combatan al crimen organizado, sino sólo para contenerlo, salvo que éste se convierta en una amenaza para la autoridad civil y la seguridad interior.

Ante la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, el funcionario reconoció que hasta ahora el presidente Felipe Calderón ha ordenado al Ejército y a la Armada combatir a la delincuencia organizada conforme a las atribuciones que le otorga el artículo 89 constitucional.

En ese sentido, planteó a los legisladores una disyuntiva: optar por el régimen con el que el Ejecutivo ordena operativos militares sin trámite, rendición de cuentas ni racionalidad, o acotarlo en la toma de decisiones. Lo peor que puede pasar es que nos quedemos como estamos y el Presidente siga con su atribución, la ejerza y no haya ley ni control, pero lo que no queremos es que esas atribuciones se ejerzan a diestra y siniestra, afirmó.

Empero, el diputado Sami David David (PRI) reprochó que el gobierno federal no ha dado muestras de estar interesado en corregir su política de guerra a la delincuencia organizada. No he visto ningún escenario para ensayar la aplicación de este marco normativo más que las masacres y las muertes. Nada que anticipe ir en el camino correcto.

Ayer, Fernández Aceves fue el único funcionario del gobierno de Calderón que acudió a las audiencias, luego de que el secretario de Gobernación, Francisco Blake, le envió un oficio al presidente de la comisión, Javier Corral (PAN), para informar que tres generales y un almirante que habían confirmado su asistencia no se presentarían.

Ante la queja del presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero (PVEM), de que la administración federal del PAN no permitió conocer la opinión de la Defensa y la Armada sobre el uso que les da Calderón, Corral explicó que Blake designó a Fernández Aceves como único interlocutor para que éste presentara un solo criterio en la posición del gobierno federal.

Con ello se evitó la asistencia de tres generales con cargos en la Sedena: Ezequiel Hernández, subjefe de Doctrina Militar; Guillermo Almazán, jefe de la Sección 5 (Planes Estratégicos), y Jaime Juárez, jefe de asesores del Estado Mayor de la Defensa.

En su exposición, Fernández Aceves afirmó que aprobar la figura de declaratoria de afectación a la seguridad interior acotaría la intervención del Ejército y su uso por parte del Presidente, pero advirtió que los detalles de los operativos, como cateos, retenes, espionaje telefónico, servicios de inteligencia y contrainteligencia, número de elementos y si éstos portan uniforme o no, debe ser flexible y determinado a cada caso.

Sin embargo, Corral resaltó que el protocolo de los operativos si bien puede ser flexible debe contener criterios básicos en el uso de la fuerza y la identificación de militares y marinos.

Además, requirió al subsecretario que en la reunión de este miércoles asista un representante de la Procuraduría General de la República (PGR) para que el Ministerio Público Federal defina si está de acuerdo en ceder a las fuerzas armadas atribuciones constitucionales como la investigación y persecución de delitos.

Durante la reunión, Rubén Fernández sostuvo que la ley no se aplicaría para perseguir movimientos sociales, pero sí los actos de espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria o genocidio; delitos contra la seguridad nacional expresamente previstos en el código penal; actos de interferencia extranjera y los que impidan actuar contra la delincuencia organizada, y dependiendo de la gradualidad en que se cometan.