La decisión de la juez novena de distrito, con sede en Tijuana, Baja California, Blanca Evelia Parra Meza, de dejar libre por falta de pruebas a Jorge Hank Rhon fue bien recibida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde, según trascendió, se dijo que demuestra la independencia y autonomía de los juzgadores federales.

De acuerdo con información recabada en el máximo tribunal, cuando los ministros tuvieron claro que el acusado debía ser puesto en libertad porque el cateo hecho por soldados en el domicilio del ex alcalde de Tijuana fue ilegal, la duda era si Parra Meza aguantaría las presiones del gobierno federal y dejaría en libertad al acusado por el principio de que las pruebas obtenidas ilícitamente no tienen valor jurídico y no pueden ser tomadas en cuenta en juicio.

Cuando la SCJN revisó el caso Lydia Cacho, la mayoría de ministros argumentó que la grabación de la plática sostenida entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, en la que se daba cuenta de la intervención del funcionario en la detención y el traslado de la comunicadora a Puebla, había sido obtenida ilícitamente.

En esa ocasión –comentaron funcionarios judiciales– la Corte dejó en claro que las pruebas obtenidas ilícitamente carecen de valor legal y que en el caso de Hank la decisión de la juez fue con la misma lógica.

Además, trascendió que Parra Meza sabía que las autoridades federales violaron una suspensión de amparo concedida a Hank Rhon contra su traslado fuera de Tijuana.

Incluso, comentaron que la Procuraduría General de la República (PGR) está obligada a investigar qué funcionarios violaron la suspensión de un juez federal para no trasladarlo, ya que usaron artimañas para no recibir la notificación del juzgado de distrito en la que se ordenaba no sacar a Hank de Tijuana.

Esta ilicitud se sumó al cateo ilegal en el domicilio del acusado, apuntaron los informantes, quienes recordaron que no es la primera vez que el gobierno de Felipe Calderón actúa así contra la oposición en vísperas de procesos electorales.

En mayo de 2009 fue el michoacanazo, cuando la PGR detuvo a 10 alcaldes y a 17 funcionarios de la administración del perredista Leonel Godoy, quienes finalmente quedaron libres por falta de pruebas.

En esta ocasión se señaló a Hank Rhon como responsable de la posesión de armas y municiones de uso exclusivo del Ejército, y a quien se asocia con la figura del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien busca la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, además del hecho de que la entidad está en pleno proceso electoral.

Otro asunto controvertido en el que las pruebas obtenidas de manera ilícita fueron declaradas inválidas, fue cuando la primera sala ordenó la liberación inmediata de más de 30 indígenas sentenciados por la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de septiembre de 1997 en esa comunidad de Chiapas, donde un grupo armado mató a 45 tzotziles.

Fuentes judiciales confirmaron que desde el primer momento, el presidente de la SCJN, Juan N. Silva Meza, ordenó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) otorgara todo el apoyo necesario a la juez para que desempeñara su trabajo y para que el tratamiento de la información relacionado con su decisión fuera el adecuado.