La Procuraduría General de la República (PGR) continuará investigando a Jorge Hank Rhon por medio de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en busca de fincarle un proceso penal tras haber fracasado en primera instancia por no aportar pruebas suficientes para que fuera enjuiciado por acopio de armas de fuego y explosivos.

Este es el primer caso relevante que pierden Patricia Bugarín, como titular de SIEDO, y Marisela Morales, al frente de la PGR. Esta última instancia ya había fallado en un caso considerado político-electoral, como fueron las acusaciones por delincuencia organizada, delitos contra la salud y otros, contra alcaldes y funcionarios públicos del estado de Michoacán, cuando Eduardo Medina Mora era procurador de la República; todos obtuvieron su libertad y fueron absueltos.

Ayer, la PGR tuvo que hacer uso de su derecho de apelación, luego de que el juzgado noveno de distrito, con sede en Tijuana, estimara que no hay suficientes pruebas para procesar al ex alcalde de Tijuana y 10 de sus empleados, por lo que todos obtuvieran su libertad.

Según la dependencia federal, existen contradicciones de criterio de la juez Blanca Parra Meza, y el empresario debe ser juzgado por acopio de armas.

Ante su fallida acusación, la SIEDO mantiene abiertas líneas de investigación por delincuencia organizada y otras violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que además de detectarse que dos armas fueron utilizadas en homicidios cometidos en Baja California, una de las 88 supuestamente localizadas en la casa de Hank Rhon estaba amparada por una licencia colectiva de portación de armas de fuego del Distrito Federal, y había sido reportada como extraviada.

Cerca de las seis de la mañana de ayer, la impartidora de justicia ordenó la inmediata libertad del empresario y sus 10 coacusados, luego de que el pasado 4 de junio militares ingresaron a su domicilio bajo la supuesta existencia de flagrancia.

Sin embargo, también en ese señalamiento de la PGR la juzgadora estimó que hubo inconsistencias en tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y presuntamente se localizaron las 88 armas, más de 9 mil cartuchos y una granada de gas.

Tras su detención, Hank Rhon envió una carta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que aseguró que esas armas fueron sembradas en su residencia, ubicada en los terrenos del hipódromo Agua Caliente, donde fue arrestado.

Entre las pruebas aportadas por la defensa para desvanecer las acusaciones que formuló la PGR, destacan ocho videos tomados por las cámaras de seguridad con que cuenta la residencia del ex alcalde de Tijuana, y al menos en tres de ellos se aprecia que los militares que efectuaron el operativo de detención estuvieron varios minutos en los alrededores de la casa antes de realizar el allanamiento de morada.

Según se aprecia en esas grabaciones, los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional tuvieron que esperar en la caseta de vigilancia cerca de cinco minutos antes de poder entrar a la residencia. Primero, los militares dialogaron con el vigilante de la caseta, quien traía en la espalda una pistola con permiso expedido por las autoridades castrenses.

Hank Rhon y sus coacusados fueron trasladados a la SIEDO en la ciudad de México, y luego de cuatro días de detención fue consignado el expediente ante la juez federal, quien tras aceptar el desahogo de las pruebas y ampliar de tres a seis días el tiempo para decidir si enjuiciaba al empresario de origen mexiquense, determinó conceder la libertad a Hank Rhon, Juan Ignacio Parra Santos, Luis Alfonso Sánchez Solís, César Pérez Guerrero, Javier Marco Polo Ayala Roldán, Rubén Muñoz Nava, Marco Antonio Trinidad Gómez, Víctor Manuel de la Torre Horta y Rigoberto González López.

Ahora corresponderá a un tribunal determinar si la resolución de la juez fue incorrecta y ordena la reaprehensión de Hank Rhon y sus empleados, o bien, en caso de confirmar que no existen elementos para procesarlos, la PGR habrá perdido de manera definitiva el caso.