on la liberación del empresario y político priísta Jorge Hank Rhon, quien la noche de ayer regresó a su domicilio tras permanecer 10 días detenido por presunto acopio ilegal de armas, el gobierno calderonista se apunta un fracaso mayúsculo, que coloca a la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las propias autoridades estatales de Baja California en una nueva sima de descrédito frente a la población, y alimenta el escepticismo ciudadano ante las instituciones de procuración de justicia.

La versión oficial que atribuía la captura del político mexiquense avecindado en Tijuana a una denuncia anónima recibida el pasado 3 de junio –la cual habría desembocado en un allanamiento militar y en el hallazgo de más de 80 armas de fuego en el domicilio de Hank Rhon– fue desvirtuada la madrugada de ayer por una juez de distrito, quien acreditó diversas inconsistencias en relación con las circunstancias de horarios, distancias y lugares presentados en la relación de hechos elaborada por los elementos militares que participaron en el operativo, mismas que resultaron claras, suficientes y contundentes para exculpar a los detenidos y ordenar su inmediata liberación.

Al desfiguro cometido por la PGR y la Sedena se sumó ayer la administración estatal panista de Baja California, la cual reaprehendió a Hank Rohn a su salida del penal de El Hongo, en Tijuana, le fincó acusaciones por el presunto asesinato de una de sus nueras y lo mantuvo arraigado durante horas, hasta que, sin haber obtenido la orden judicial correspondiente, el político y empresario fue finalmente puesto en libertad.

Los hechos referidos ponen en relieve una cadena de pifias y un proceder arbitrario del Ministerio Público: en lugar de centrar la causa penal contra Hank Rhon en alguno de los múltiples señalamientos que lo vinculan con hechos delictivos –homicidio de dos periodistas, vínculos con el narcotráfico y lavado de dinero, entre otros– , la instancia encargada de procurar justicia a escala federal decidió echar mano de una acusación inventada, surgida en el contexto de una detención irregular y que carecía, por tanto, de veracidad desde un inicio. Otro tanto puede decirse de las autoridades estatales, que desestimaron las acusaciones serias y de larga data que pesan sobre Hank Rhon por la autoría de varios homicidios –entre los que destacan los de los periodistas Héctor Félix Miranda y Francisco Ortiz Franco, del semanario Zeta– y en forma tardía e infundamentada decidieron acusarlo por un nuevo asesinato sin más pruebas que la declaración de un testigo.

La incapacidad de las instancias federal y estatal de procuración de justicia para aportar indicios sólidos de la culpabilidad de un personaje tan impugnado como el ex alcalde de Tijuana refuerza la percepción de que las acciones penales en su contra no obedecieron a un afán legalista, sino a una intención de golpeteo político-electoral de cara a los comicios estatales del mes entrante en el estado de México –donde el propio Hank ejerce amplia influencia política mediante el Grupo Atlacomulco–, a un intento por posicionar al partido en el poder de cara a las elecciones presidenciales procurando el descrédito de los adversarios políticos y a un uso faccioso e indebido de la procuración de justicia y las fuerzas del Estado para tales fines.

Para finalizar, la excarcelación de Jorge Hank resulta un botón de muestra por demás emblemático de la guerra contra la delincuencia organizada emprendida por el calderonismo hace cuatro años, la cual ha arrojado, en materia de procuración e impartición de justicia, un saldo casi tan alarmante como la cuota cotidiana de muertos: en los pasados cuatro años, sólo 15 por ciento de los presuntos delincuentes detenidos por esta guerra han recibido sentencia, y casi tres de cada cuatro han sido liberados, sea por deficiencias en la integración de las acusaciones, por falta de pruebas, por corrupción judicial o por una combinación de esos factores. A este contexto de impunidad para los criminales, y de desamparo para la población, ha de sumarse la circunstancia de injusticia y atropello que padecen ciudadanos inocentes a manos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, quienes no cuentan con los recursos económicos ni los reflectores mediáticos de que gozó el ex alcalde de Tijuana, sin los cuales su liberación habría sido improbable.