Washington, 14 de junio. Estados Unidos traslada frecuentemente a centros de detención remotos a los inmigrantes arrestados que afrontan procesos de deportación, lo cual aparta de sus derechos a los detenidos porque se les dificulta extremadamente el acceso a sus abogados y pruebas, denunció hoy Human Rights Watch (HRW).

Según el informe, es un movimiento costoso: los traslados frecuentes a lugares lejanos impiden las visitas judiciales a los inmigrantes detenidos en Estados Unidos; en los últimos 12 años el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó 2 millones de traslados relacionados con un millón de inmigrantes detenidos.

Más de 46 por ciento de éstos fueron transferidos dos o más veces y HRW destaca un caso terrible en que un arrestado fue movido 66 veces a diferentes centros.

En promedio, cada detenido trasladado se desplazó 600 kilómetros, aunque algunos fueron alejados hasta más de 2 mil 600 kilómetros del lugar de su arresto.

Los traslados no sólo los movilizan, también los apartan de sus derechos, subrayó la directora del programa de HRW para Estados Unidos y autora del informe publicado hoy, Alison Parker.

Pueden impedir que los inmigrantes, como los que se encuentran legalmente en el país o necesitan asilo, tengan un abogado o defiendan su derecho a permanecer en Estados Unidos, advirtió.

Esta práctica de alejamiento y traslado tiene como consecuencia que separan a los inmigrantes de las pruebas que necesitan presentar al tribunal y aumentan tanto el costo de las visitas familiares, que (éstas) suceden muy pocas veces o nunca, destaca el estudio.

Aunque HRW reconoce los esfuerzos del ICE, que ha creado un sistema de localización de los detenidos para que sus abogados y familiares puedan ubicarlos cuando son trasladados, la organización destacó que no contribuye en absoluto a la reducción de traslados.

Según HRW, aunque algunos traslados son inevitables debido a la falta de capacidades en centros de detención, tanto el ICE como el Congreso deberían aplicar controles razonables y mejorar los derechos de los desplazados.

Entre otros, reclama que las autoridades presenten la comunicación de comparecencia en la corte de inmigración más próxima al lugar donde el afectado fue detenido en un plazo máximo de 48 horas o, en casos excepcionales, como mucho en 72 horas.