Pachuca, Hgo., 14 de junio. El ayuntamiento de Zimapán clausuró de forma temporal el confinamiento de residuos tóxicos construido por la firma española Abengoa-Befesa en el ejido Cuauhtémoc, pero el lunes personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quiso quitar los sellos de suspensión con la excusa de que haría una visita de verificación.

La síndica procuradora Nora Olivera Ramos reclamó a la Profepa por violentar la paz social y el estado de Derecho al tratar de quitar los sellos colocados a la empresa Sistema de Desarrollos Sustentable SA de CV (SDS), filial de Abengoa-Befesa, por presuntas operaciones nocturnas sin permiso del municipio.

Los vecinos alertaron sobre las maniobras a deshoras. El 3 de junio el alcalde perredista José María Lozano Moreno inspeccionó la planta y se procedió a la clausura respetando el derecho de la empresa a inconformarse.

Sin embargo, la Profepa respaldó a SDS, como lo ha hecho desde que comenzó el conflicto, dijo Olivera Ramos, quien acusó a la dependencia de poner en riesgo a la población, pues la empresa podrá tener todos los permisos federales, pero no puede operar sin los municipales, que se le suspendieron en marzo de 2010.

El pueblo desconfía de la Profepa, pues no sancionó a la empresa ni verificó las condiciones en que arrojó al vertedero varias toneladas de desechos peligrosos para la salud y la vida, como prueba la recomendación 68/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, expuso la síndica de Zimapán.

Operación irregular

En 2004 Grupo Abengoa-Befesa y la subsidiaria SDS comenzaron a construir el complejo en 113 hectáreas del ejido Cuauhtémoc a ocho kilómetros de la cabecera municipal, con una inversión de 12 millones de dólares y el pago de 10 mil pesos mensuales por el predio a los ejidatarios, a quienes se dijo que sería un relleno sanitario y se les daría empleo, pero luego se confirmó que era un confinamiento de residuos tóxicos.

La inconformidad derivó en el surgimiento del movimiento cívico Todos Somos Zimapán. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinaron que la empresa no podría operar hasta que se solucionara el conflicto, pero en realidad le permitieron funcionar de forma ilegal, según los inconformes.

Debido a la disputa sólo se construyó un primer vaso de 800 metros de diámetro y 168 de profundidad, de un total de seis.