El gobierno capitalino perdió de manera definitiva varios juicios de amparo contra la declaratoria como área de valor ambiental (AVA) de la barranca de Tarango, aseguró Antonio Hernández, propietario de la inmobiliaria Águila Real y de uno de los terrenos protegidos por la justicia federal.

En entrevista afirmó que las resoluciones son definitivas, por lo que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, está obligado a derogar dicho decreto sobre alrededor de 600 mil metros cuadrados.

El también presidente de la Asociación de Propietarios de Rancho Tarango dijo que las autoridades han utilizado un doble discurso y actúan fuera de la ley, pues no han aceptado que dentro de la loma de Tarango existen más de un millón 200 mil metros cuadrados que son propiedad particular, a diferencia de los 430 mil metros que pertenecen al gobierno, y que el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Álvaro Obregón no toma en cuenta la sentencia federal.

Ésa fue la primera molestia de los dueños. El gobierno dijo que no había propiedades particulares y eso es mentira. Tenemos las escrituras, hemos cuidado estos terrenos por más de 30 años y por ello no han sido invadidos.

Incluso refiere que el subsecretario Héctor Hernández Llamas prometió a los dueños resolver el fondo del problema de Tarango, incluidas expropiaciones concertadas con un pago de 420 pesos por metro cuadrado, a cambio de que “dejaran pasar la supervía poniente”.

Hernández es una de las personas indemnizadas por la construcción de la autopista urbana de cuota; además del dinero que recibió a cambio de la expropiación, el gobierno le vendió un terreno adyacente con dimensiones similares.

“¿Dónde está la legalidad? Hay una sentencia de un juez que dice: ‘gobierno, tú no puedes declarar como AVA estas propiedades’, por lo tanto las debería haber excluido del programa delegacional. Los propietarios dijeron: ‘nos están viendo la cara, ya tenemos un juicio ganado, tenemos una suspensión definitiva y algunos ya se ampararon contra el programa delegacional. También hay amparos en contra del plan de manejo del decreto de AVA”.

A decir de Hernández la supervía poniente, además de generar desarrollo, ha despertado la codicia de muchos y, al no concretar el programa de expropiaciones concertadas, el gobierno deja pasar la oportunidad de alcanzar un buen acuerdo para la ciudad.