Olivier de Schutter, relator especial de la Organización de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, advirtió que de continuar aplicándose las actuales políticas públicas en el sector agropecuario, en tres décadas México dependerá en 80 por ciento de las importaciones de alimentos y los campesinos seguirán abandonando sus parcelas.

En la reunión que sostuvo con once agrupaciones campesinas e integrantes del movimiento Sin maíz no hay país, que organizaron el foro El hambre no espera, la crisis alimentaria en México, manifestó su preocupación por la creciente dependencia de México en el rubro, el alza de los precios internacionales de los granos y su repercusión en el incremento de la pobreza alimentaria.

Al iniciar su visita oficial al país, comentó que de 1997 a 2005 y como uno de los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los agricultores perdieron mil millones de dólares anuales, siendo los más afectados los pequeños productores, los más pobres.

Además, 7 millones dejaron de practicar la agricultura. “Una mañana de enero de 2007, me impactó que la población haya salido a las calles a quejarse por el incremento de 50 por ciento en el precio de la tortilla. Me pregunté por qué pasó esto si la producción de maíz blanco en el país estaba por arriba de los niveles promedio: me di cuenta que un pequeño grupo de compañías poderosas –como Cargill y Maseca– dominan los sistemas de distribución y utilizan su poder en el mercado para imponer precios altos, es a ellos a los que se les debe exigir que bajen los precios.”

Adelantó que durante su estancia en el país y en las reuniones que sostendrá con autoridades de diversas instituciones, preguntará qué pasa con los apoyos que se les dan a los agricultores, pues me he quedado muy impactado porque los programas como ingreso objetivo y Procampo en vez de reducir la desigualdad la provocan y hacen que los grandes productores del norte sean los beneficiados. No me queda claro qué ha hecho el gobierno para ayudar a los campesinos más pobres, sobre todo en el periodo 1997-2005.

Asentó que continuará la volatilidad e incremento de los precios internacionales de los granos y otros alimentos, pues el cambio climático pone a los mercados muy nerviosos y la producción agrícola está dirigiéndose hacia los biocombustibles, como el etanol y biodiesel. En México, además, la agricultura se ha dirigido más a los monocultivos de exportación y a la industria.

A los integrantes de las organizaciones campesinas y sociales les propuso estrechar la relación con los consumidores urbanos; integrar cooperativas para utilizar su poder de negociación en la cadena de dstribución de alimentos; aplicar una agricultura más ecológica para reducir la dependencia de los energéticos y de las grandes corporaciones y pasar de la necesidad y caridad, al reconocimiento del derecho a la alimentación, sin discriminar a nadie y sin prácticas clientelistas.

Antes Emilio García, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala; Olegario Carillo, de la Unión Nacional de Organizaciones Rurales Campesinas Autónomas, y Miguel Colunga, del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, pidieron al relator su apoyo para que el gobierno ponga como asunto de emergencia nacional la producción y reserva nacional de alimentos.