La presidencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recibió el informe de la organización Familia Pasta de Conchos acerca de la situación en la zona carbonífera de Coahuila, en donde en el reciente año (periodo que analiza este organismo internacional con sede en Ginebra) se registró la muerte de 32 mineros, con lo que suman 124 muertos desde 2006, incluidos los 65 de Pasta de Conchos que perecieron en febrero de ese año.

Durante los trabajos de la centésima conferencia de la OIT, este grupo de defensores de derechos humanos y familiares de mineros denunció que continúa la situación de violación a las normas laborales en aquella zona, especialmente por la ausencia de una inspección gubernamental efectiva.

Aunque parezca increíble, el gobierno mexicano no tiene control del número de muertes ni de los centros mineros, denunció en Ginebra Manuel Fuentes, asesor de la organización Pasta de Conchos.

Dijo al presidente de la OIT, Juan Somavía, que el gobierno mexicano se ha opuesto al rescate de los restos de los mineros para impedir que se conozca la causa de la tragedia.

Denunció que la versión que llevó a la OIT el representante del gobierno mexicano no es real. Si hay avances ¿por qué los muertos? Los muertos pesan más que las estadísticas; tan sólo en el año 2010 hubo 13 muertes y en 2011 casi se duplicaron estos hechos: fueron 22 las muertes de mineros. No es con satélites como se resuelven las acciones sino con inspecciones adecuadas.

En la máxima tribuna de la OIT, Fuentes comentó que la norma oficial mexicana 32, relativa a este sector, no se está cumpliendo, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refuta la eficacia de las inspecciones. Precisó que las propias inspecciones oficiales reconocen el deterioro en el sector y no la mejoría, como establecen los reportes de la Secretaría del Trabajo, sobre todo en lo relacionado a la prevención de las explosiones de gas metano, e insiste en permitir el funcionamiento de minas inseguras, conocidas como pocitos.

El gobierno mexicano se ha opuesto al rescate de los restos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos para impedir que se conozca la causa de la tragedia, acusó ante la OIT el grupo Familia Pasta de Conchos. La imagen, durante una de las misas que se realizan cada mes frente a las instalaciones de Grupo Minero MéxicoFoto José Carlo González

Adicionalmente, añadió, las pensiones de las viudas son miserables porque representan apenas una tercera parte del salario inscrito, en relación con lo que perciben los mineros.

Por todo lo anterior, solicitó a la asamblea de la OIT sumarse al clamor por el rescate de los mineros de Pasta de Conchos, luego de 64 meses de los hechos.

En su turno, Carlos Rodríguez, también integrante de la organización Pasta de Conchos, presentó los testimonios de los mineros sobrevivientes y de los deudos. Llevó hasta esa tribuna el caso de Jesús Fernando Lara, quien a sus 15 años cumplidos es sobreviviente del pocito Sabinas, que explotó el mes pasado. Ahora tiene el brazo derecho amputado y, aseveró, no trabajaba en el pocito por periodo vacacional ni llevado por su papá, como lo declaró el secretario del Trabajo de México, Javier Lozano.

“Jesús Fernando ya no estudiaba, y tenemos sus boletas de pago: 900 pesos a la semana, equivalentes a 60 euros o 75 dólares, menos 176 pesos que le descontaban del consumo en la tienda relacionada con el empleador.

En ese mismo lugar murieron 14 de sus compañeros, que tenían en promedio 24 años de edad, dejando 37 huérfanos y 13 viudas.

Adicionalmente está el caso Cerber en el año 2009, donde también había menores, así como una lista de minas ilegales y otras inspeccionadas que, pese a las irregularidades, continúan en operación.