A pesar de que autoridades mexicanas han asegurado más de 150 armas presuntamente relacionadas con la operación Rápido y Furioso que dirigieron agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), el gobierno de Estados Unidos ha negado la información de sus investigaciones al gobierno mexicano.

Nada, absolutamente nada. Ni siquiera han contestado los cuestionarios que se les enviaron, para conocer oficialmente cuántas armas ingresaron a territorio mexicano de manera ilícita en esa operación fallida, señalaron altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), entrevistados durante la 25 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que concluyó el pasado viernes.

En cambio, señalaron los entrevistados, las autoridades mexicanas han detenido a 24 integrantes de Los Zetas por la muerte de Jaime Zapata, agente del Departamento de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quien fue asesinado a tiros en la carretera San Luis Potosí-México, en febrero pasado.

Dos de los presuntos involucrados que fueron detenidos por autoridades mexicanas ya enfrentan procesos de extradición a Estados Unidos, informó la PGR.

Los funcionarios entrevistados revelaron que desde febrero pasado las autoridades mexicanas, a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, enviaron cuestionarios con preguntas precisas acerca de la operación Rápido y Furioso que a la fecha no han sido contestados ni por la vía del intercambio de información entre instituciones de procuración de justicia de ambas naciones.

Autoridades de Estados Unidos, dijeron los entrevistados, temen que al dar a conocer información que posee el Departa- mento de Justicia, los datos sean conocidos por los congresistas de ese país y trascienda la identidad de los agentes involucrados, los cuales pueden ser solicitados en extradición por la PGR, toda vez que cometieron delitos que impactaron en territorio nacional.

La operación Rápido y Furioso se realizó de octubre de 2009 a septiembre de 2010, y de acuerdo con la información que ha trascendido gracias al testimonio de un integrante del ATF, durante ese tiempo se permitió el envío ilegal de más de dos mil armas de fuego a territorio mexicano.