Senadores de PRI, PRD y PT suscribieron las demandas de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad y advirtieron que la participación más intensa y organizada de los ciudadanos va a ser muy positiva para exigir cuentas a los legisladores y a las autoridades.

El priísta Pedro Joaquín Coldwell, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Ibarra, y el perredista Tomás Torres, coincidieron en que es necesario que el gobierno federal escuche las demandas de la ciudadanía para cambiar la estrategia contra el crimen organizado y decidir la desmilitarización del país.

Hicieron notar que es urgente que las fuerzas políticas en ambas cámaras se pongan de acuerdo para aprobar la Ley de Seguridad Nacional y las reformas al Código de Justicia Militar, a fin de someter la actuación del Ejército Mexicano a controles constitucionales cuando lleve a cabo tareas de seguridad pública o de combate al crimen organizado.

Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, dijo que suscribe en sus términos el pacto por la paz signado por varias organizaciones ciudadanas y encabezado por el poeta Javier Sicilia, pero debe quedar claro que el regreso del Ejército a su cuarteles debe ser gradual, porque de lo contrario habría un vacío en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad.

El fin de la militarización debe ser proporcional a la capacitación y modernización de las corporaciones policiacas que habrán de desempeñar las funciones que tiene ahora el Ejército. Mientras ello se hace hay que sujetar el desempeño de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a la ley civil, a los controles constitucionales.

Para ello, agregó, lo mejor sería que se aprueben la Ley de Seguridad Nacional, que en la minuta que mandó el Senado a la Cámara de Diputados, es la que somete a las fuerzas armadas al control constitucional.

La otra legislación, agregó, es la de fuero militar, que está en el Senado y tendrá que aprobarse antes de noviembre, en que vence el plazo impuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre el tema, la senadora Rosario Ibarra comentó que tienen toda la razón los integrantes de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, ya que la “absurda guerra de Calderón contra el narco y la militarización del país sólo han llevado a que haya miles de víctimas inocentes y que hasta los propios soldados estén en desacuerdo con seguir en las calles”.

El perredista Tomás Torres señaló que el Congreso y el gobierno tienen que estar a la altura y recoger los planteamientos de las organizaciones o de lo contrario la crisis será más profunda en el país.

Desafortunadamente, comentó, la clase política no va al frente de los temas que le interesan a la sociedad y es muy complejo anticipar que la participación ciudadana se convierta en el eje de las políticas públicas.

Por lo que toca al Congreso, debe ver cómo se materializan esas demandas y legislar, no sólo para aprobar la minuta de Ley Nacional de Seguridad, sino otros temas concretos, como el de darle auténtica participación a las víctimas del delito en los enjuiciamientos procesales, dar mayor transparencia y hacer al Estado responsable solidario de los daños que se ocasiona la sociedad y a los directamente ofendidos por los delincuentes.

El coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista Mexicano, Arturo Escobar, expresó que el legislativo debe comprometerse a dar respuesta a las demandas de la Caravana por la Paz. Hizo notar que la respuesta de la sociedad al movimiento de Javier Sicilia está sentando un precedente, ya que es la manifestación pública del dolor y temor de miles de mexicanos que lloran a sus familiares muertos o desaparecidos.