scándalos a la argentina: El administrador de las empresas de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, quien había sido prácticamente adoptado como hijo por Hebe Bonafini después de cumplir su condena por asesinar a su padre y madre junto con su hermano, está detenido en Argentina y es investigado por defraudación y lavado de dinero. Las madres echaron a los dos hermanos y a 14 colaboradores de los mismos y se consideraban robadas y estafadas por ellos, pero eso no impide una campaña de la prensa opositora de derecha dirigida contra ellas para criticar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Éste, según los críticos, las habría convencido de que deberían hacer casas y crear una empresa con ese propósito y les habría dado dinero sin licitación previa y sin control, lo que a final de cuentas terminó favoreciendo a los aventureros. El periódico Clarín, por ejemplo, publica declaraciones del líder piquetero Luis D‘Elía (kirchnerista), quien afirma que Hebe tendría que haber estado al tanto y que Schoklender le propuso construir casas, pero reteniendo todo el dinero. El mismo diario reporta declaraciones de Taty Almeida, dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que pide que investiguen a Bonafini y lanza críticas muy duras a Hebe Bonafini de Estela de Carlotto, dirigente de las Abuelas de Plaza de Mayo, y de Miguel Bonasso, diputado peronista, quien sostiene que las madres jamás habrían debido meterse a empresarias. La Nación, por su parte, informa sobre una pelea a gritos y empujones, que terminó en un comisariado de la policía, entre el presidente y la vicepresidenta del Inadi, organismo gubernamental contra la discriminación, lo que llevó a la sustitución de ambos, que son candidatos en las listas oficialistas para las próximas elecciones.

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Varias: El periódico colombiano El Tiempo informa que el Estado indemnizará a las víctimas (que llegan al menos a 4 millones) de los paramilitares y de la violencia de policías y soldados desde 1985, y devolverá a los desplazados desde 1991, que ascienden a 400 mil, 2 millones de hectáreas que les fueron robadas y otros 4 millones de hectáreas que debieron abandonar. El Espectador, por su parte, informa sobre las protestas por el proyecto de privatización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, y el ecuatoriano El Comercio, a su vez, dice que aumentarán las tarifas eléctricas de quienes consuman más de 500 kilovatios/hora.