l servicio público desde un puesto de gobierno o de la administración pública o de la representación popular es un privilegio sólo en el sentido de que, en efecto, lo es servir a la sociedad. En un régimen democrático y republicano jamás debería constituir ese privilegio que significa adquirir canonjías indebidas o disponer de los dineros públicos o sacar provecho personal de una situación dada. Tampoco debería constituir un medio de prolongar los beneficios que el cargo proporciona mientras se le ejerce, como altos sueldos o los así llamados gastos de representación.

En un régimen político de verdad civilista y de derecho y siendo el servicio público ese privilegio que es servir a la nación, ninguno podría pretender ser convertido en héroe de la patria por muy alta que haya sido su investidura o su cargo. Desde la época de Echeverría, justo en 1976, a alguien se le ocurrió premiar los servicios de los presidentes de la República con pensiones vitalicias y aparatos de seguridad y de oficina que involucraban a decenas de personas. Ese sí ya de por sí un privilegio personalista fue adicionado por De la Madrid en 1987 al hacer que los servicios que se daban por parte del poder público a los ex presidentes constituyeran en sí un aparato burocrático de dimensiones públicas, siendo privados.

Nadie nace siendo un funcionario o un servidor público. Se supone que el que es electo presidente de la República fue antes un político y que tiene ciertas habilidades profesionales. Se supone porque ésa es la verdad. Cuando, después de desempeñar su cargo, se debería suponer también que vuelve a las actividades que como ciudadano desempeñó antes. El presidente no se debe ver como un monarca. Es un ciudadano que, después de su encomienda, vuelve a ser un ciudadano común y corriente. No hay nada que justifique que, después de ser presidente, se le siga tratando como si nunca dejara de serlo en su estatus personal.

En alguna ocasión, el tonto de Fox dijo que necesitaba su pensión para poder vivir de algo. En estricta lógica republicana, debería suponerse que, antes de ser presidente, el ciudadano que llega a serlo vivía de un oficio o de un negocio. Luego de desempeñar su puesto, otorgado por la ciudadanía, debería volver a vivir de lo que vivía antes y no pretender que la sociedad, tan esquilmada ya de por sí, lo siga manteniendo como si todavía lo hiciera, siendo que eso resulta costosísimo. Que esos gravosísimos privilegios se mantengan sólo demuestra que la nuestra no es una República de ciudadanos, sino una sociedad de privilegios que anula la ley y la misma Constitución.

Esos privilegios son resultado de una determinación administrativa, de un acto de un presidente puramente autoritario. No está establecido en ninguna ley ni, mucho menos, en la Constitución. Si el Congreso hubiera actuado como un poder soberano y no como un lamebotas de los presidentes, incluidos los panistas, habría reclamado al Poder Judicial la anulación de semejante monstruosidad y su sanción puntual como violatoria de la legalidad republicana. No es posible, se dice el ciudadano común y corriente, que muchas veces no sabe nada de leyes ni de procedimientos administrativos, que este país tan pobre se sacrifique para dar a unos auténticos zánganos que, además, han hundido al país, semejantes prerrogativas.

A un par de piadosos diputados priístas se les ha ocurrido disminuir a la mitad esas abusivas prerrogativas de los ex presidentes. Esas cabezas de chorlito son los representantes del pueblo Jaime Sánchez Vélez y Jorge Arana (muy conocidos en su casa). Debió haberles parecido un acto de justicia; pero no presentaron su iniciativa por eso, sino porque les preocupaba que ese fenómeno no estuviera regulado en ningún instrumento jurídico. Ignorantes de la historia y pienso que sin saber los abusos de Echeverría y De la Madrid, para ellos el asunto es someter a regulación esos privilegios inmundos. Ya veremos lo que implica la reducción a la mitad de esos privilegios y el asombro que causa saber la entidad de esos mismos privilegios.

En la UNAM, el rector Pablo González Casanova determinó que a los ex rectores (y no recuerdo si también a los ex directores de facultad, escuela o instituto) se les debía seguir pagando su sueldo de por vida. Su explicación fue que habían realizado un gran servicio a nuestra casa de estudios. Yo me preguntaba por qué estaba tan seguro de que habían realizado un buen servicio. Yo recuerdo que el desempeño de casi todos ellos fue pésimo. Debe ser la misma razón que se aduce con los ex presidentes (Echeverría y González Casanova fueron contemporáneos en sus mandatos). Por muy meritorio que sea el servicio prestado a la generalidad nunca debemos olvidar que ese servicio es un deber y no fuente de privilegios indebidos y vergonzosos.

No hay presidente que no haya abusado de su poder y del erario. Téllez descobijó en una conversación privada a Salinas, diciendo que se había robado la mitad de la partida secreta de la Presidencia. Eso debió haber sido muchísimo dinero. Todos los presidentes nos han robado, aunque no se lo podamos probar. Todos se han llevado dinero público a sus bolsillos y todos lo sabemos. Los medios nos son desconocidos y siempre lo serán; pero lo han hecho. Basta ver el boato en que viven. Todo ello, por supuesto, no es más que una inocente suposición.

La iniciativa de marras que un par de borricos ha propuesto para regular los privilegios de los ex presidentes es un ejemplo preclaro de la estulticia y el mal humor. La mayor puntada que se alcanzaron fue la de convertir a los ex presidentes en cuadros académicos de alguna de nuestras universidades. No entiendo qué harían en una universidad, como no fuera la de desahogar sus chismes. Ninguno de ellos ha podido ser un científico por razones obvias. Que nos vengan a contar las tonterías que han hecho en sus gobiernos y los desastres que han provocado, muy probablemente ni ellos mismos serían capaces de explicarlos. Eso lo mostró Salinas en su primer libro hablando del error de diciembre.

Ahora va la buena: se pensionará a los presidentes con el 85 por ciento de su sueldo y luego de seis años se reducirá a la mitad. Parece mucho, pero eso equivale a unos doscientos mil pesos mensuales, ya sin trabajar. Para preservar la seguridad personal de los ex presidentes, la Secretaría de la Defensa les asignará un general, dos jefes, seis oficiales y 20 elementos de tropa. La Fuerza Aérea, un jefe, dos oficiales y seis elementos de tropa. La Armada, dos jefes, dos oficiales y 10 elementos de tropa. Se les asignarán tres vehículos oficiales para ellos y sus familias. Se les darán 26 personas como personal administrativo. Todo ello implica que se reducirá 70 por ciento el personal hoy asignado. Saquen ustedes las cuentas. Y, todo ello, ¿a título de qué?

Esa iniciativa es una bofetada al pueblo. Los ex presidentes no tienen por qué conservar privilegios de ninguna especie y deben volver a vivir de su trabajo, de lo que aprendieron en la vida para poder vivir. No tenemos por qué echar a la ciudadanía esa carga para que los ex mandatarios vivan como reyes. Eso es absolutamente ilegal e inmoral.