Diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) coincidieron en la necesidad de reforzar los mecanismos que salvaguarden los derechos de los jóvenes y la urgencia de impulsar políticas públicas, que amplíen el espectro de actividades educativas, culturales y productivas para este sector.

Luego de la advertencia del ombudsman capitalino, Luis González Placencia, en torno a que han regresado las prácticas policiales contra los jóvenes en la capital, el asambleísta David Razú señaló que es importante que en la aplicación de la ley en torno a las fiestas clandestinas u otros sitios de diversión de los jóvenes, la intervención de la autoridad sea siempre para protegerlos.

En entrevista, indicó que desde la Asamblea Legislativa estarán atentos al trabajo que realice la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que debe ahondar en su investigación sobre el tema y, de ser necesario, emitir las medidas precautorias.

Afirmó que el propósito de evitar las fiestas clandestinas no debe ser prohibir que los jóvenes se reúnan, sino de ir en contra de quienes hacen este tipo de negocios, donde se pone en riesgo a este sector de la población.

La diputada Valentina Batres reconoció que se trata de un tema difícil, pero expresó que de ninguna manera se puede responsabilizar a los jóvenes de la omisión de las autoridades, y mucho menos, criminalizarlos.

Planteó la necesidad de que se generen opciones públicas, pues desalientan otros tipos de actividades, si no las hay, las construyen, y ahí también se debe evitar que sean víctimas de las opciones que no lo son.

Consideró que la autoridad debe ocuparse de verificar los espacios que se usan como establecimientos mercantiles de manera irregular y responsabilizar a quienes las promueven, para que los jóvenes no sean vulnerables a circunstancias que salgan de control.