Buenos Aires, 10 de junio. El ex teniente de la Marina Julio Poch, quien durante la pasada dictadura militar trasladó en los llamados vuelos de la muerte a detenidos para arrojarlos al mar fue procesado aquí como partícipe necesario del delito de privación ilegal de la libertad agravada en 41 casos, entre ellas los de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, secuestradas en diciembre de 1977.

El año pasado fue extraditado desde España, donde trabajaba como piloto de la aerolínea holandesa Transvía y detenido aquí, pero luego desprocesado en un fallo de la Sala II de la Cámara Federal.

Poch se había jactado ante pilotos holandeses de sus acciones durante la dictadura militar y fue denunciado por algunos de ellos. Pero también las investigaciones de fiscalías locales llevaron hasta archivos de la Marina, donde figuraban vuelos y rutas, que permitieron establecer los nombres de varios de los pilotos de vuelos de la muerte donde se levaban a detenidos que habían pasado por las cámaras de torturas, y que eran drogados y arrojados aún vivos al mar.

Entre esas víctimas figuraron Azucena Villafor, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco, fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y secuestradas junto a otras personas en diciembre de 1977, todas las cuáles fueron desaparecidas.

A pesar de que la marina había elegido un lugar especial para arrojar a las madres y a las monjas francesas que colaboraban con ellas, el rumbo de los vientos cambió y trajo los cadáveres a la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, donde los restos fueron enterrados como NN, por vecinos.

En 2005 el Grupo de Antropología forense logró identificar los cadáveres de las madres, lo que se convirtió en un doloroso símbolo, ya que permitió cerrar la tragedia de su paso por el centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada y la complicidad de la marina en su muerte y desaparición. Las madres y el grupo de personas desaparecidas con ellas fueron entregadas por el capitán de marina Alfredo Astiz, quien se infiltró entre ellas fingiéndose hijo de desaparecidos.

Muchos de 30 mil desparecidos fueron arrojados al mar, como se va demostrado en testimonios y en las reconstrucciones que permiten los juicios que se están desarrollando donde son juzgados los responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

El juez federal, Sergio Torres, reunió nuevas pruebas y ordenó la detención y el procesamiento de Poch y estableció un embargo millonario sobre sus bienes. Su primera detención fue después de la denuncia de sus compañeros de trabajo de la Aerolínea holandesa, pero algunos camaristas consideraban que no era prueba suficiente, Torres indagó vía diplomática a varios testigos residentes en Holanda, lo que se agregó a informes de la Armada y de Aerolíneas Argentinas para conocer las rutas de los vuelos de Poch, todo lo cual fue sumado a las pruebas.

El mismo Poch habría admitido que fue parte del esquema de represión ilegal entre 1976 y 1983 y su misión era pilotear aviones que llevaban a los llamados subversivos los que eran arrojados al mar.