El presidente Felipe Calderón violó la Constitución al promulgar la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ya que no tiene facultades para ello, advirtió el senador del PRD Pablo Gómez.

Deploró que el Ejecutivo federal haya armado un acto mediático, en el que se presenta como impulsor de esa legislación, lo que es una mentira gigantesca.

De acuerdo con el artículo 132 de la Carta Magna, las reformas constitucionales no las promulga el Ejecutivo, el Congreso las declara, como hizo la Comisión Permanente la semana pasada, recalcó el perredista.

Lamentó que los presidentes de la Corte y de la Comisión Permanente, Juan Silva Meza y Manlio Fabio Beltrones, respectivamente, se hayan prestado para ese fraude mediático en el que Calderón se presentó como un defensor de los derechos humanos, cuando su gobierno los vulnera y avanza en crear un Estado policiaco. Insistió: “La reforma es una de las más trascendentes de los tiempos recientes, que fue impulsada por senadores, diputados y los congresos locales. La legislación se hizo a pesar de Los Pinos, donde sólo les interesan leyes persecutorias que vulneran derechos humanos, como las referidas a los arraigos y los cateos sin orden judicial”.

El senador Gómez Álvarez subrayó que Calderón siempre fue contrario a esa reforma, pero ayer se presentó como un promotor de los derechos humanos, en un acto de propaganda, para tratar de tomar prestigio, porque es una persona completamente desprestigiada.

Destacó que la reforma da nuevas facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre ellas la de investigar violaciones graves de derechos humanos, potestad que antes tenía la Suprema Corte. Además, agregó, ninguna autoridad podrá negar información, ni siquiera aquella clasificada como reservada.

Por separado, el coordinador de los senadores del PAN, José González Morfín, dijo que se trata de una legislación que posiciona los derechos humanos como eje de la política del Estado mexicano. Con esa reforma, damos un paso decidido hacia la consolidación de un estado de derecho, para lograr un país de leyes que verdaderamente proteja a los mexicanos, reconozca sus garantías inherentes y sea el Estado quien obligue y se obligue al respeto de estas normas, agregó. Hizo notar que cada uno de los grupos parlamentarios representados en el Congreso aportó voluntad política y ánimo democrático para sacar adelante esa enmienda a la Constitución.