México ha vivido en los tres años pasados la mayor ampliación de derechos de las personas en el contexto jurídico nacional, aseguró el presidente Felipe Calderón al promulgar la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Rodeado de los representantes de los poderes Legislativo y Judicial y del ombudsman nacional, que lo acompañaron en Los Pinos, afirmó que su gobierno ha asumido con toda puntualidad el desafío de vencer la impunidad, someter a la criminalidad, hacer de México un país de leyes y lejos de sacrificar ha ampliado los derechos humanos y las garantías de las personas.

Primer orador en la ceremonia que reunió en la casa presidencial también a legisladores, el presidente de la Cámara de Senadores, el priísta Manlio Fabio Beltrones, destacó entre sus avances que la reforma prevé que todo decreto emitido por el Presidente de la República en cuanto a suspensión de garantías tendrá que ser autorizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al igual que la ceremonia efectuada la semana anterior para la promulgación de la nueva Ley de Amparo, ayer acudieron como invitados el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo mismo que el senador del PAN Santiago Creel.

Ante ellos el mandatario se enorgulleció de que las reformas aprobadas durante su sexenio en los ámbitos de derechos humanos, la legislación de amparo y la de proceso penal demuestran que México ha vivido en los pasados tres años la mayor ampliación de derechos de las personas en el contexto jurídico nacional.

Resaltó ocho aspectos de la reforma, entre ellos que se elevan a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados por México, cuando hace años el Estado se empeñaba en minimizar o quizá desconocer estas garantías.

Un aspecto destacado por Calderón y por los representantes de los otros poderes de la Unión es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar violaciones graves a los derechos humanos, facultad que hasta ahora recaía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También se obliga a las autoridades a atender las recomendaciones de la CNDH o de las comisiones estatales y en su caso, a comparecer ante órganos legislativos a fin de explicar puntualmente las razones en los casos de negativa a aceptarlas. De este modo, dijo que se cierra la puerta a la posible negligencia de autoridades y se respeta al mismo tiempo la esencia no vinculatoria de las recomendaciones.

Obliga además a todas las autoridades a prevenir, investigar, sancionar y también reparar las violaciones a los derechos humanos. Para ello prevé la expedición de una ley de reparación del daño que permita adecuar nuestra legislación a los estándares internacionales y con ello –explicó– se evitaría que los ciudadanos acudan a instancias internacionales.

A partir de ahora la selección del titular y los consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como los organismos a escala estatal deberán darse a través de mecanismos de consulta pública, además se crea constitucionalmente el principio de autonomía para todos los órganos que integran el sistema ombudsman del país.

En sintonía con el discurso que daría el mandatario federal, Beltrones destacó que a partir de hoy y como nunca en materia de derechos humanos se dispone de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales y el sistema de impartición de justicia que sólo pudo ser posible a través de la suma de voluntades responsables de la sociedad, de este gobierno y el titular del Ejecutivo y del Congreso.

Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, señaló las modificaciones a 11 artículos de la Constitución Política y tras 21 años de existencia este organismo inicia una nueva etapa institucional marcada por la incorporación de nuevas facultades que le permitirán consolidarse como un organismo cercano a la sociedad y realizar su labor comprometida plenamente con la defensa y la promoción de los derechos humanos.