La industria tabacalera miente para desprestigiar y atacar las políticas públicas, aseguró el senador Ernesto Saro Boardman, y dijo que en septiembre presentará una iniciativa de reformas a las leyes General de Salud y de Control del Tabaco con la finalidad de hacer obligatoria la obtención de una licencia para vender cigarros.

Se trata, explicó el presidente de la Comisión de Salud del Senado, de que los productos del tabaco se expendan únicamente en sitios para adultos, como ocurre con el alcohol. Además de terminar con la venta a menores de edad, se erradicará la posibilidad de vender cigarros sueltos, como ocurre hoy en más de 500 mil puntos de venta y un sinnúmero de puestos ambulantes del país.

Señaló que el proyecto de modificaciones legales tiene el apoyo de 67 legisladores y confió en que serán más de 100 los que respalden el documento para atender los temas pendientes en la ley antitabaco de 2008.

También se prohibirá la publicidad de cigarros en revistas para adultos. Sólo en estas publicaciones se pueden colocar anuncios de tabaco, aunque, como han señalado especialistas y organizaciones civiles, no existe disposición alguna que indique cuáles son las que sólo pueden adquirir los mayores de edad.

En conferencia de prensa, en el Senado, Saro se refirió a desplegados que la industria tabacalera difundió en días pasados en los que lo mencionan, así como al doctor Jesús Felipe González, vicepresidente de la Red México sin Tabaco.

Rechazó que a causa del aumento en los impuestos a los cigarros haya caído la recaudación fiscal. Por el contrario, según reportes de la Secretaría de Hacienda, en lo que va del año aumentaron 15 por ciento los ingresos por esta vía.

Recordó que el incremento de siete pesos en el precio por cajetilla, que se aplica a partir de este año, es más una medida sanitaria que de recaudación. El principal objetivo es desincentivar el consumo. La Organización Mundial de la Salud estima que por cada 10 por ciento que se incremente el costo de los cigarros, el consumo baja 5 por ciento, indicó.

Por último, reiteró su compromiso en mantener esta política y seguir avanzando. De hecho, en el proyecto de Ley de Ingresos 2012 se corregirá la omisión del decreto 2011, a fin de que se indexe a la inflación la parte del impuesto que forma parte de la política sanitaria (siete pesos).