La Secretaría de Salud (Ssa) dejará de condicionar la entrega de recursos económicos a los estados a la presentación de los comprobantes de gastos, con la finalidad de que los programas fundamentales no se suspendan o retrasen como ocurrió con el programa de planificación familiar, dijo el secretario José Ángel Córdova Villalobos.

Luego de siete años de operación del Seguro Popular, habrá que corregir los mecanismos de control y vigilancia, dijo al referirse a la falta de transparencia y seguridad respecto de la operación de los programas fundamentales del sector, derivado de que las entidades federativas disponen del dinero a discreción.

Luego de participar en la entrega de premios Gen de investigación, dirigidos a la prevención de defectos al nacimiento, el funcionario recordó que ya se hicieron algunos ajustes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para asegurar que los recursos se utilicen en la operación de los servicios médicos. Así quedó establecido el monto que se debe invertir para el personal de salud, la erogación que se aceptará como comprobantes para la compra de medicamentos y la cantidad que corresponde a los programas de prevención.

Aclaró, sin embargo, que no se trata de acciones punitivas, sino de medidas constructivas para que ese recurso, que hoy es más abundante, genere más salud en los estados por conducto de programas como el Seguro Médico para una Nueva Generación y Embarazo Saludable, que buscan reducir la mortalidad materno infantil.

El presidente de Gen, Antonio López de Silanes, y el secretario José Ángel Córdova, durante la entrega de galardones en el auditorio Miguel E. Bustamante de la Secretaría de SaludFoto Guillermo Sologuren

Respecto de la denuncia que la semana pasada presentaron organizaciones civiles sobre la reducción en el presupuesto para los programas de planificación familiar, Córdova reconoció que hubo problemas porque el órgano interno de control exigió que las entidades presentaran sus comprobaciones de gastos antes de enviarles nuevos recursos.

Ya se resolvió el problema, pero “se quedó que la ciudadanía no puede sufrir el ‘castigo’ de que los recursos se dejen de enviar por deficiencias administrativas. Así que en materia de programas no habrá ninguna restricción para que el dinero se envíe” a los estados, indicó. En cambio, habrá control estricto del presupuesto asignado a proyectos. Se mantendrá la continuidad en la entrega de dinero siempre que las inversiones previas se hayan ejecutado.

Sobre el riesgo de que se repitan problemas como el de Guerrero, donde se denunció desvío de recursos de salud y educación, explicó que para evitar situaciones de este tipo, están los órganos de supervisión, así como los congresos locales que deben tener una participación más activa en la vigilancia de la actuación de las autoridades, finalizó.