Monterrey NL, 25 de mayo. Vecinos de Ciudad Guadalupe presentaron hoy una solicitud de amparo ante el Poder Judicial Federal, en su intento por impedir la construcción del estadio del club de futbol Rayados de Monterrey, en el bosque La Pastora de dicho municipio conurbado a esta capital.

Argumentaron que durante el proceso para concretar el proyecto se han cometido graves irregularidades, entre ellas omitir, en el decreto aprobado por el Congreso local para ceder a Grupo Femsa 24.5 hectáreas en comodato, que será necesario derrumbar más de 5 mil viviendas para ampliar y edificar nuevas vialidades de salida y acceso al inmueble deportivo.

Gregorio Vanegas Garza, abogado de los quejosos, dijo que buscan la protección de la justicia federal contra actos del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, y del tesorero estatal, Othón Ruiz Montemayor, entre otras autoridades, incluido el presidente Felipe Calderón.

Explicó que Ruiz Montemayor, por instrucciones del mandatario estatal pero de manera indebida, publicó el pasado 18 de mayo en el Periódico Oficial del Estado una aclaración sobre las coordenadas del predio cedido por el Congreso, pues la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó el 17 de marzo la solicitud de Femsa para el cambio de uso de suelo, porque la ubicación que citaba correspondía a un terreno ubicado a 23 kilómetros de distancia, en el municipio de Cadereyta.

Buscamos que la legalidad no sea violentada, sobre todo la garantía de seguridad jurídica para los vecinos, porque dentro del paquete de información que presentó Femsa al reiniciar el procedimiento ante la Semarnat aparece la demolición de más de 5 mil viviendas, situación que no se había previsto en el decreto aprobado por la legislatura, señaló Vanegas.

Afirmó que incluso Femsa expuso ante la Semarnat que cuenta con un predio que entregaría en permuta a los familias afectadas. Comentó que con el derrumbe de viviendas para ampliar vialidades y construir otras nuevas, de 14 y 16 carriles, las autoridades estatales perjudicarán a la comunidad guadalupense para beneficiar con recursos públicos a una empresa privada, ya que invertirán 600 millones de pesos en dichas adecuaciones.

Las casas que serán demolidas se localizan en las colonias Tolteca, Lomas de Tolteca, Vivienda Popular, Azteca, Las Villas, Chinameca, Paraíso, Hacienda y Exposición, entre otras, mientras que desaparecerían en su totalidad las colonias Las Quintas y Felipe Ángeles.

Algunas de las avenidas que serán ampliadas son Azteca, Olmeca, La Fuente, Las Américas, Lázaro Cárdenas, José Alvarado, Arteaga, Cuauhtémoc y Las Torres, detalló el abogado defensor.