Chilpancingo, Gro., 25 de mayo. El gobierno del estado, encabezado por Ángel Aguirre Rivero, solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que investigue el destino de más de 7 mil millones de pesos que presuntamente fueron desviados del presupuesto de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG) durante la administración pasada.

Esto lo informó Silvia Romero Suárez, actual titular de la SEG, con base en datos preliminares de una revisión contable que realiza el despacho Price Waterhouse, a las dependencias de la gestión de Zeferino Torreblanca Galindo, entre ellas la de Educación, presidida en el sexenio anterior por José Luis González de la Vega.

En entrevista, la funcionaria dijo que el martes, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hubo un planteamiento de la SEG para que la ASF indague el paradero de los 7 mil millones de pesos. La misma petición, agregó, se hizo a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Detalló que parte de los recursos presuntamente desviados tienen que ver con la falta de pago en el impuesto sobre la renta (ISR); omisión en el reporte de cuotas patronales al ISSSTE, Fovissste, así como de cuotas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y otros conceptos relacionados con prestaciones sociales.

Paralelamente, la Contraloría General del Estado (CGE) confirmó la existencia de irregularidades financieras en la SEG durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, y adelantó que se solicitará a la SFP abrir una investigación contra los entonces funcionarios de aquella dependencia.

El titular de la CGE, Julio César Hernández Martínez, afirmó que del pasivo de 7 mil millones de pesos detectado en la SEG por el despacho Price Waterhouse tendrán que responder desde el ex secretario de Educación local hasta el ex subsecretario de Finanzas, Enrique Pasta Muñúzuri.

Mencionó que se entregará a la SFP una copia con los resultados de dicha revisión contable, para que se ordene la realización de una auditoría a la SEG de los recursos públicos que ejerció al menos durante 2010.

Hernández Martínez no descartó que se investigue al actual titular de la Auditoría General del Estado (AGE), Arturo Latabán López, quien fungió como contralor de Educación en la pasada administración.

Adelantó que en los próximos días se darán a conocer públicamente los resultados de la auditoría que se realizó a varias dependencias gubernamentales durante la gestión de Torreblanca. Se darán a conocer nombres de los ex funcionarios que tengan una presunta responsabilidad en desvíos de recursos públicos, apuntó.

De acuerdo con información de la subsecretaría de Administración y Finanzas de la SEG, por concepto de impuestos y cuotas por pagar existe un adeudo de más de 3 mil 930 millones de pesos; por concepto del ISR, de 144 millones 618 mil; de un convenio entre la SEG y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 3 mil 281 millones de pesos.

Asimismo, cuotas sindicales de la sección 14 del SNTE al Fondo del Ahorro para el Retiro, pensión alimentaria, aportaciones patronales de 12.75 por ciento al ISSSTE, acreedores diversos, deducciones y aportaciones patronales SAR-Fovissste, que en total suman 7 mil 393 millones, 646 mil 868 pesos con 45 centavos.

La subsecretaría de Administración y Finanzas de la SEG reveló que no están regularizadas 14 mil plazas de maestros, lo que representa un déficit por mil 344 millones de pesos anuales; incluso durante el gobierno de Torreblanca Galindo el déficit financiero en ese rubro llegó a unos 15 mil millones de pesos.