n algunos segmentos de la sociedad mexicana ha existido la idea de que el contenido de los acuerdos de San Andrés sólo tiene que ver con los asuntos relativos a Chiapas, e inclusive existen quienes piensan que su ámbito de aplicación se reduce a unos cuantos municipios del estado sureño. Nada más alejado de la realidad.

Lo pactado en San Andrés es el resultado de un proceso de negociación, donde participaron el gobierno federal y el EZLN, al amparo de una Ley para el Diálogo aprobada por unanimidad por los legisladores de todos los partidos políticos mexicanos y apoyada por todas las instituciones del país. Al mismo tiempo y en forma paralela, tanto el proceso de negociación entre el gobierno federal y el EZLN incorporó en su reflexión y discusión las diferentes problemáticas que afectan a los distintos pueblos indígenas de México, como el propio gobierno federal realizó una consulta nacional para determinar cuáles eran los temas más sentidos de las comunidades indígenas del país.

Por tanto, los acuerdos de San Andrés constituyen el documento que alcanzó el mayor número de consensos en el momento de su aprobación. Posteriormente a su firma y aprobación, el gobierno de Zedillo adujo argumentos llenos de mentira y una ostentosa campaña de difamación en contra de los mismos. Acusaba a los indígenas de querer apoderarse de los recursos naturales del país, cuando hoy más que nunca los diferentes gobiernos de entonces a la fecha han entregado dichos recursos a las compañías privadas mexicanas y extranjeras. Hoy más que nunca las comunidades indígenas de todo el país sufren en carne propia el incumplimiento de lo pactado en San Andrés Larráinzar. Los pueblos indígenas ubicados en el norte del país no son la excepción.

Con la reforma a la Ley Agraria (1992) no sólo se cerró el camino a la propiedad social del ejido sino se abrió la puerta al gran capital y a la privatización del ejido. Entre los mecanismos que se crearon para la consolidación de esta nueva política estuvo la restructuración de las instituciones agrarias; permanece la Secretaría de la Reforma Agraria como garante de los orígenes revolucionarios que reivindicaban a los indios y campesinos del país; se creó el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y los Tribunales Unitarios Agrarios. Se crea el Programa de Certificación Agraria (Procede) instrumento pensado para que los campesinos ejidatarios pudieran asociarse con inversionistas y generar sus propias dinámicas de desarrollo. Con ello se termina la repartición de tierras y se perfilan estrategias para resolver de una vez por todas los conflictos agrarios.

En este devenir, en el actual sexenio sólo se han resuelto 720 asuntos y se tiene un rezago cientos de asuntos por resolver y declaran de forma triunfalista que desde el inicio del sexenio se ha resuelto un asunto cada 48 horas.

La eficiencia con que dicen están actuando las autoridades agrarias contrasta con las demandas que sobre conflictos agrarios reconocen los pueblos yumanos de Baja California, los cucapá, los kumiai, los paiapai y los kiliwas, cuyos territorios comprenden alrededor de 316 mil hectáras distribuidas en nueve comunidades en los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada, donde por más de 50 años han venido arrastrando problemas de desalojos, resoluciones presidenciales mal ejecutadas e invasiones por particulares, que en algunos casos representan intereses en la apropiación de los recursos naturales, agua y minerales propiedad de estos pueblos. En septiembre de 2010, el actual director de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas atendió de manera directa la petición de integrantes de estas comunidades en donde se le planteó la urgencia de ser atendidos por esta institución en la búsqueda de soluciones a los diversos conflictos. Se estima que existen más de 70 mil hectáreas en conflicto en el estado de Baja California, donde abundan en los territorios indígenas concesiones mineras y proyectos de producción energética, en que los menos enterados de ello son los propios indígenas bajacalifornianos.

La semana pasada la Comisión de Concordia y Pacificación acordó realizar diferentes foros informativos en donde participen representantes indígenas para retomar los acuerdos de San Andrés y que como resultado de este proceso se presenten las conclusiones ante el pleno de la Cámara de Diputados para tomar las medidas legislativas correspondientes. Sin lugar a dudas los pueblos indígenas sacarán a relucir de manera prioritaria el tema de los recursos naturales y su aprovechamiento preferente, el respeto y reconocimiento a sus tierras y territorios, el que se respeten sus usos y costumbres y sus formas de representatividad y, por supuesto, el reconocimiento pleno a su autonomía y determinación.

La reforma al artículo segundo de nuestra Carta Magna elude el tema de tierras y territorios y deja en manos de la burocracia agraria y sus procedimientos la solución de los conflictos agrarios, el reconocimiento de sus territorios y el aprovechamiento de sus recursos naturales. De tal suerte que será necesario contar con la voluntad política del Poder Legislativo federal para que de una vez por todas se incorpore en la constitución el concepto de territorios como parte del hábitat y cosmogonía de los pueblos indígenas y se adecue la ley agraria a las demandas de los pueblos indígenas. Sólo así se podrá ir sentando las bases para una nueva relación entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad.

De ahí la importancia de que la discusión del tema de derechos y cultura indígenas se produzca en todos los ámbitos del territorio nacional.