El gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, quiso impresionar a una delegación de alto nivel del gabinete de seguridad de Estados Unidos y en una reunión realizada en Tijuana, el 3 de diciembre de 2009, aseguró en una exposición a puertas cerradas que en vista de que las reformas a las corporaciones poli- ciacas del estado empezaban a rendir frutos, el siguiente paso era corregir las deficiencias en el sistema de procuración de justicia.

El embajador Carlos Pascual encabezaba la delegación estadunidense. Literalmente –Pascual apunta la frase en el cable 10MEXICO45 filtrado por Wikileaks y en poder de este diario– Osuna dijo: Ahora lo que quiero es meter a un juez en la cárcel, como una forma de demostrar que la corrupción judicial no estaba fuera del alcance de la ley.

Desde el inicio de su gestión como representante de Washington en el país, Pascual se empeñó en poner en marcha un nuevo mecanismo de coordinación entre ambas naciones. Los primeros ensayos se enfocaron en las dos ciudades fronterizas donde las organizaciones de narcotráfico habían penetrado más y tenían mayor espacio para sus operaciones delictivas: Tijuana y Ciudad Juárez. Según el cable confidencial enviado por el diplomático el 12 de enero de 2010 a las instituciones de la cúpula de seguridad en Washington, el objetivo general era “deteriorar de una manera (demostrable) a los cárteles; reducir la violencia y desarrollar un modelo que pueda ser aplicado de inmediato en otras regiones de México”.

El primer paso fue un encuentro de evaluación que se realizó en Tijuana y San Diego el 3 y 4 de diciembre de 2009. El director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, encabezó la delegación mexicana (integrada además por altos funcionarios de PGR, Semar, Sedena, SRE, Hacienda y Seguridad Pública). La delegación estadunidense era presidida por Pascual, acompañado por su agregado militar, representantes de Seguridad Interna (DHS), Inmigración y Aduanas (ICE), Patrulla Fronteriza (CBP), Oficina de Cooperación del Departamento de Defensa, la FBI, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional y el consulado general de Tijuana.

Entre las conclusiones redactadas por el embajador después de estas dos jornadas de intercambio está la impresión de que frente al deterioro del tejido social, el gobierno mexicano no está seguro sobre cómo integrar el Pilar IV de la Iniciativa Mérida (construcción de comunidades sólidas y resistentes) en el marco de una estrategia anticrimen más amplia. También afirma que los funcionarios del gobierno no se sienten cómodos interactuando con los organismos no gubernamentales.

Pascual define lo que para Estados Unidos debe ser prioridad en Tijuana: reforzar las corporaciones de las policías estatal y municipal, ricas en recursos humanos, institucionalmente débiles y fácilmente corrompibles. Estas, afirma, deben ser incluidas en la estrategia, junto con sus contrapartes federales, si se quiere mejorar el nivel de la seguridad pública.

Por otra parte, según el embajador, el contacto de los funcionarios mexicanos con las autoridades de San Diego permitió hacerles entender la utilidad de aplicar el modelo de fuerzas de tarea conjunta para abordar las investigaciones judiciales.

El C-4 tijuanense, “apenas un call center”

Según los planes de Pascual, al final de la gira Tijuana/San Diego y en víspera de otra similar en Ciudad Juárez/El Paso, estaremos listos para presentar un Grupo de Coordinación de Políticas en enero y otro más especializado, Grupo de Alto Nivel, en febrero.

Como anfitrión del encuentro, el gobernador de Baja California explicó los esfuerzos desarrollados hasta entonces por las fuerzas mexicanas responsables de la lucha antinarcóticos, organizadas en torno a un grupo de coordinación en el estado (con participación de Seguridad Pública estatal y federal, policía preventiva estatal, Cisen, Sedena, Semar y las procuradurías de Justicia estatal y federal). Informó que bajo el programa Control de Confianza ya se habían investigado los antecedentes de 83 por ciento de los agentes policiacos de todos los niveles, por lo que había ya menos espacio para la impunidad y las instituciones empezaban a ganarse la confianza de la sociedad.

La gira incluyó una visita al C-4 (Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo) de la ciudad. La delegación estadunidense no quedó demasiado bien impresionada. “En realidad, lo que es este C-4 es un call center” que recibe más de 5 mil llamadas del número de emergencias 911 sin ningún componente analítico, con contactos en la Policía Federal y entre los militares, quienes a su vez tienen acceso a la base de datos Plataforma México de la Secretaría de Seguridad Pública.

En la reunión del día siguiente en San Diego, presidida por el procurador interino Kevin Kelly, los funcionarios mexicanos escucharon las exposiciones de sus contrapartes estadunidenses. El delegado de la Patrulla Fronteriza detalló cómo el uso de instrumentos sismológicos operados por el Comando Norte ha permitido a su institución detectar narcotúneles y citó una experiencia en particular en la que, detectada la excavación cerca de la Mesa de Otay, las autoridades mexicanas fueron notificadas y ésta fue destruida de manera simultánea en ambos lados de la frontera.

A su vez, el Departamento de Policía de San Diego ofreció cursos de capacitación bajo el esquema de entrena al entrenador. La DEA, por su parte, hizo un reconocimiento a la carga que le toca llevar a su contraparte mexicana como parte de las operaciones que se derivan de la información compartida por la DEA, incluso la muerte de varios agentes mexicanos.

En la última sesión hubo un intercambio entre académicos, hombres de negocios, activistas de ONG y funcionarios de los dos países, presidida por el ex embajador de Estados Unidos en México Jeffrey Davidow. En este encuentro, en un arranque de franqueza, Valdés, del Cisen, reconoció que a finales de los 90 él era el encargado de investigar y analizar la amenaza que representaban las ONG.

Las ONG, una amenaza

Ahora que tenía la oportunidad de acercarse a ellas, cambiaba su perspectiva y había aprendido a sentir un fuerte aprecio por el trabajo que éstas realizaban para reforzar a la sociedad civil. Al menos eso fue lo que dijo al término de aquella reunión.

Pascual concluye en este texto: esta parte de nuestra estrategia en curso ha resultado ser de lo más incómoda para el gobierno mexicano. Las organizaciones de la sociedad civil son, con frecuencia, muy abiertas en sus críticas al gobierno federal, incluida su estrategia de seguridad. Lo que el gobierno de México pudo ver en San Diego es un apoyo sostenido y fuerte a México por parte de académicos, hombres de negocios, líderes de la ciudad y de la sociedad civil de muchos sectores que expresaron su interés en ampliar la cooperación para beneficio de los dos lados de la frontera. El mensaje final de estas organizaciones fue: No nos teman, mejor déjennos ser parte de la solución a nuestros problemas comunes.

Enlaces:

Esta nota con vínculos a los cables

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks